En el año que concluye se han entrelazado las complicadas secuelas de la pandemia del COVID; de la guerra de Ucrania y las masacres de palestinos en Gaza; de los compromisos insuficientes para combatir al cambio climático; de un flujo creciente de refugiados y migrantes, así como de la reducción del crecimiento global a causa, entre otras cosas, de la desaceleración de China.
Sin soluciones a la vista para los mencionados problemas, a lo largo de 2024 se llevarán a cabo más de 80 elecciones en el mundo, con una participación estimada en más de 2.000 millones de personas. Los principales países con elecciones presidenciales son Estados Unidos, Rusia y la India; en América Latina, México y Uruguay. También habrá elección de 705 diputados del Parlamento Europeo. Existe, por consiguiente, una alta probabilidad de que hasta fines de 2024 se establezcan nuevas condiciones geopolíticas globales, con escasas perspectivas de que sean favorables a la recomposición democrática del sistema multilateral.
En América Latina, por su parte, preocupan su ausencia de los debates globales, el crecimiento promedio insuficiente y el nivel insostenible de endeudamiento de varios países. Una estrategia integral de reprogramación de la deuda en la región, con la participación coordinada del Banco Mundial, el BID, la CAF, el FLAR y otros bancos regionales menores, podría coadyuvar a una solución sostenible de la deuda y agregar además el imprescindible financiamiento de la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables y la conservación del bosque amazónico.
El conjunto de los problemas mencionados influye por cierto sobre las opciones de la gestión de la coyuntura en Bolivia entre 2024 y 2025. En este orden de cosas preocupa la discrepancia entre los enfoques y prioridades que elige el Gobierno, que niegan la existencia de una crisis económica, y las percepciones ciudadanas respecto de la escasez de dólares en el sistema financiero, el desabastecimiento recurrente de diésel y gasolina, así como la instalación de un mercado paralelo de dólares, que alienta la inflación.
Es cada vez más evidente que las distorsiones de los precios relativos propician corrupción, contrabando y arbitrajes perversos entre algunos mercados, que no está previsto corregir en el Presupuesto General del Estado para 2024, el cual contiene grandes inconsistencias entre sus diversos parámetros y previsiones sobre gastos corrientes, recaudaciones, inversión pública y déficit fiscal.
El presupuesto es la principal herramienta de la gestión económica y requiere la participación legislativa para su aprobación, y a tales efectos son imprescindibles acuerdos y consensos políticos robustos, así como una justa distribución de competencias y responsabilidades entre los distintos sectores y niveles de la administración pública.
Nada de eso será posible sin un reordenamiento institucional democrático, empezando por la reforma integral de la Justicia en todos sus aspectos sustantivos, tales como su independencia de los poderes político y económico. Preocupa en consecuencia que los últimos acontecimientos han hecho evidente que el actual Gobierno no tiene interés alguno en llevar a cabo las elecciones judiciales, y mucho menos propiciar una reforma integral de la Justicia.
Por último, la realización de un Censo de Población y Vivienda con resultados confiables constituye el requisito imprescindible para la distribución de escaños parlamentarios y de recursos fiscales para las universidades públicas y las entidades territoriales autónomas.
De la manera en que se adopten las respuestas a los diversos desafíos que plantea 2024 dependerá que el país supere sus estrecheces económicas y persevere en la consolidación democrática o que se desplace hacia el caos inflacionario y el centralismo autoritario.
Horst Grebe es economista.
