Tiempo atrás, cuando todavía era Ministro de Gobierno, el ahora senador Carlos Romero afirmó que la sensación de inseguridad que se vive en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra era producto de la agenda mediática, que amplifica los sucesos. Algo de razón tenía, pero lo cierto es que la capital cruceña se ha convertido en paradigma de la violencia en Bolivia.
En efecto, mucho se ha escrito en los ámbitos académicos acerca de la influencia de los medios sobre la sensación de inseguridad en las ciudades, por ejemplo cuando se emplean expresiones como “ola de atracos” o de cualquier otro delito que aparentemente se multiplica sin mayor explicación en determinado momento. Lo que se multiplica en esas “olas” es la atención que brindan los medios a determinado fenómeno, hasta que otro asunto provoca un giro en la agenda noticiosa. Recuérdese por ejemplo lo sucedido hace meses con las personas desaparecidas, que llenaban los espacios noticiosos hasta que un buen día dejaron de ser importantes.
Sin embargo, lo señalado no puede ser motivo para negar que el recuento noticioso de atracos y asaltos violentos que se producen cotidianamente en Santa Cruz de la Sierra está mostrando una realidad dramática, que aparentemente no encuentra una adecuada respuesta de parte de las autoridades nacionales y departamentales. Al respecto, el Secretario Departamental de Seguridad Ciudadana señaló a este diario, a propósito de un reportaje publicado días atrás, que “es muy preocupante lo que está sucediendo, por eso la Gobernación demanda una mayor coordinación (porque) la Policía solo coordina con el Ministerio de Gobierno”.
Agregó la autoridad cruceña que lo que se desea es conformar desde el gobierno departamental una guardia civil con aproximadamente 3.000 efectivos, que coordine las labores de seguridad con la institución del orden. Según la Gobernación, en Santa Cruz únicamente hay 4.500 efectivos, mientras que en La Paz existen 17.000. La idea no es nueva, y si no se ha materializado hasta ahora es porque la Constitución Política del Estado lo prohíbe explícitamente.
Mientras tanto, lo que se propone en la capital cruceña son nuevas medidas para reforzar la vigilancia. Además del helicóptero que patrulla la ciudad desde el aire y las innumerables cámaras de circuito cerrado instaladas en viviendas y comercios, se ha anunciado para los próximos días un vehículo blindado dotado de cámaras, y pronto se emplearán drones para el mismo efecto.
No obstante queda claro que no basta con incrementar la vigilancia o el uso de cámaras para registrar los actos de violencia mientras la Policía siga demostrando su ineficiencia y, peor, el Ministerio Público y los jueces sigan fomentando la impunidad a través de actuaciones corruptas. La inseguridad, pues, no es culpa de los medios, sino de la debilidad institucional.
