El recientemente designado alcalde interino de La Paz, Omar Rocha Rojo, ha tenido un inicio de gestión accidentado, por decir lo menos, al anunciar entre sus primeras acciones en el cargo que los contratos laborales de gran parte del personal edil que fueron firmados a fines de diciembre tendrán que ser sometidos a una consulta de “legalidad” en el Ministerio de Trabajo.
Previsiblemente, el anuncio puso en zozobra a los varios miles de trabajadores cuyos contratos fueron renovados gracias a una resolución de inamovilidad funcionaria, durante el periodo de transición iniciado con la renuncia del Alcalde electo para postularse nuevamente al cargo, aprobada por el Concejo Municipal tras una movilización de protesta a mediados del mes pasado. El nuevo Alcalde se declaró sorprendido por la cantidad de contratos firmados (aproximadamente 5.700) que no fueron de conocimiento del Concejo Municipal, que él presidía hasta el día de su designación al frente del Ejecutivo edil.
Para explicar su sorprendente posición, el Burgomaestre interino señaló que respetará los documentos que estén enmarcados en la ley, pero de haber observaciones, el Ministerio de Trabajo, que es la autoridad competente, deberá pronunciarse. “Yo no puedo cuestionar la legalidad de nada cuando es legal y si hay alguna objeción jurídica (…) el Ministerio de Trabajo dirá si esos contratos son legales o no, porque de lo contrario me puede caer a mí la responsabilidad penal y ejecutiva por parte de la Contraloría General de la República, toda vez que hay una gestión fiscal de enero a diciembre”, afirmó.
Con su anuncio, el Alcalde interino ha puesto en cuestión la continuidad laboral de miles de personas, que de hecho ya tienen reducidos sus derechos laborales debido a la naturaleza de sus contratos de trabajo. Pareciera no darse cuenta la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal paceño que incluso si fuese posible reemplazar a las y los funcionarios que fueron ratificados en sus cargos, no le corresponde a una autoridad interina hacer semejantes cambios, sobre todo considerando que su mandato tiene más de asegurar la continuidad que de iniciar un nuevo programa de gobierno.
Por otra parte, cabe preguntarse cuánto tiempo necesitarán los inspectores del Ministerio de Trabajo para revisar los contratos puestos en cuestión; y más aún, qué sucederá con las labores que esos trabajadores desempeñaban rutinariamente mientras tanto. El Burgomaestre parece haber actuado más por impulso político que por precaución ante las normas de la gestión pública.
Queda, pues, esperar una respuesta del Ministerio de Trabajo respecto de la inédita decisión y, mientras tanto, hacer votos para que la nueva autoridad a cargo del municipio más importante del país recuerde que en sus manos tiene la trascendental responsabilidad de hacer gestión.
