Un reportaje publicado el domingo en LARAZÓN da cuenta de que en el país cualquiera puede contratar a un sicario, ora para amedrentar a una persona, ora para que realice un ajuste de cuentas. Basta con navegar por internet, donde es posible encontrar páginas web y correos electrónicos de estos criminales, que ofrecen sus servicios incluso en las redes sociales.
Muchos de estos sicarios, cuya tarifa va desde los 500 a los 2.000 dólares, residen en la ciudad fronteriza de Puno, en Perú, desde donde se trasladan para operar en territorio nacional, principalmente en las ciudades del eje y El Alto. Previsiblemente el hecho de residir en una ciudad extranjera les confiere una mayor impunidad, ya que una vez concluido su “trabajo” cruzan la frontera, donde la Policía Boliviana no tiene jurisdicción.
También existen redes de sicarios nacionales que ofrecen sus servicios a propios y extraños sin ningún reparo, a través de avisos explícitos como el que se reproduce a continuación: “Asesinos a sueldo bolivianos, a sus órdenes. Si se encuentra desesperado, no sabe qué hacer, quiere que alguien desaparezca y no desea ensuciarse las manos ni verse involucrado, cuente con el mejor grupo”.
No se trata de algo nuevo. De hecho a mediados de 2013 diferentes medios de comunicación alertaron sobre la expansión de esta modalidad criminal en el país. Ello a raíz del asesinato a sangre fría de un hombre en Santa Cruz de la Sierra a plena luz del día, que fue filmado por cámaras de seguridad en una vía pública; el noveno que ocurría en poco más de dos semanas con las mismas características.
Pese a estos antecedentes, autoridades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) consultadas por este diario señalaron desconocer la existencia de estas páginas web administradas por sicarios y los números de contacto que circulan en internet. Déficit que, junto al descaro de los anuncios y la facilidad que existe para contactar a los asesinos (nacionales y extranjeros), pone en evidencia la impunidad en la que operan estos delincuentes, quienes no se preocupan ni siquiera por maquillar la naturaleza criminal de su oficio, estrechamente ligado al comercio ilegal de drogas y armas y deudas por negocios ilícitos o juegos de azar.
Ahora bien, no cabe duda de que el incremento del sicariato deviene en cierta medida debido a la escandalosa impunidad judicial que existe en el país. Y es que no solo son muy pocos los asesinatos que terminan con una sentencia condenatoria, también es corriente que jueces y fiscales faciliten la excarcelación de sicarios y de personas vinculadas al narcotráfico. Y a las fallas de los procesos de investigación judicial se unen los problemas del sistema carcelario, que antes de rehabilitar a los delincuentes se constituye en un espacio de violencia y reproducción de los delitos
