Al finalizar el segundo mandato del Partido Acción Nacional (PAN), México vivía una de las etapas más trágicas de su historia por efecto de la lucha contra el crimen organizado en la que el gobierno se había enfrascado. Más de 120.000 asesinatos (1.750 niños, entre ellos), según cifras oficiales; la continua aparición de fosas comunes, de decapitados, de gente colgada en los puentes de algunas ciudades y el desvelamiento de la extensión del narcotráfico hacia las instituciones del Estado dieron cuenta del fracaso de dicha acción gubernamental y del caos en el cual había caído el país. Sumado a ello, la aparición del Movimiento #Yosoy132 ante la amenaza de retorno al poder, en 2012, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en (co)relación con el monopolio ejercido por los medios de comunicación provocó la aparición de la tesis del Estado fallido.
En ausencia de plena legitimidad electoral, pero con la condición de recuperar la legitimidad del Estado, el priismo devino así nuevamente en gobierno. Y éste empezó por maquillar la imagen del país evitando la publicitación de los crímenes y manifestando un mensaje del cambio a través de una serie de iniciativas de reforma neoliberal. Sin embargo a dos años de ello, el crimen organizado ha mostrado su verdadera dimensión tentacular, pues a los asesinatos, las decapitaciones y el secuestro de las instituciones se han sumado evidencias de sus otros modos de operar, como el tráfico de órganos o la extorsión a compañías mineras y a productores agrícolas. De hecho, éstos dieron origen a las autodefensas comunitarias, ante la ausencia de Estado y para defenderse de los ataques de los cárteles de droga.
Tal hecho permitía ver que la organización de la sociedad empezaba a superar al Estado, evidencia de lo cual fueron las recientes movilizaciones por el caso Ayotzinapa y la oposición de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional a la intención del Gobierno de tecnificar la educación superior, medida que mantuvo paralizada a esa institución los últimos tres meses del año, por efecto de negociaciones improductivas, aunque inéditas, ya que además de poner frente a frente a funcionarios del gobierno y estudiantes en mesas de diálogo, éstas se llevaron a cabo con el fin de no reprimir, dada la situación del país.
El priismo optó de ese modo por recomponer el orden social, utilizando viejos métodos como la publicitación de sus hazañas, como la supuesta detención de diez importantes líderes del narcotráfico extrañamente “sin disparar ni un solo tiro”; la cooptación política, sobre las autodefensas; y la construcción de una legitimidad artificial mediante pactos ocasionales con los partidos de oposición, que permitan disuadir la crisis de Estado.
De ese modo, el Gobierno buscó restituir la autoridad del Estado, reclamando además su monopolio de la fuerza, pues en los estados ingobernables impuso la figura del Comisionado por la Seguridad, a partir de los cuales logró convertir a más de 400 autodefensas en policías rurales; ello a partir de la militarización, merced a lo cual se pudo desarmar a las policías corruptas y apresar a 383 autodefensas por su presunta vinculación con la delincuencia organizada y ante lo cual las mujeres decidieron levantarse en armas para defender a sus familias y sus tierras, ante un Estado que no les garantiza seguridad. A dichos modos se suman las incontables visitas del Presidente a zonas estratégicas en donde el público no se atreva a recriminarle amargamente por la situación del país.
Tal empeño valida la tesis del Estado fallido, pero supone caminar en círculo, pues la búsqueda de su recomposición mediante el monopolio de la fuerza encuentra a la corrupción institucional como su contradicción.
