Al tomar el poder el 22 de enero de 2006, el presidente Evo Morales reivindicaba la inclusión de los indígena originario campesinos en las decisiones políticas del país y en las políticas públicas del Estado. Hablaba sobre la necesidad de conciliación entre las clases sociales del país, sin venganzas, como —decía— es característica de los pueblos.
Ante tanto precedente nefasto de la administración pública, el recién instalado Mandatario también se refería a la cualidad ética de ese amplio sector de la población. “Les invito a ustedes a que se sientan orgullosos de nuestros pueblos indígenas, que son la reserva moral de la humanidad”, arengaba ante el aplauso del todavía Congreso Nacional que atestiguó su llegada al Palacio de Gobierno.
Reserva moral. La frase fue recurrente en los discursos del Presidente del Estado, quien, a su vez, envalentonaba a los aludidos, siempre presentes en los actos públicos del Gobierno. Ahora, tal condición se ha puesto en entredicho ante una serie de casos de corrupción y comportamientos irresponsables, hasta delincuenciales, de ciertos dirigentes y autoridades originarias.
Entiendo que millones de indígena originario campesinos aún siguen siendo la reserva moral del país, como otros millones de bolivianos que no se encuentran en ese segmento de la población. Sin embargo, lamentablemente no siempre es así; la reserva moral sufre graves fisuras en el mismo seno de las organizaciones indígena originaria campesinas, a juzgar por el último caso de corrupción en el Fondo Indígena denunciado por la Contraloría General del Estado y alertado en su momento por los medios de información.
Según una investigación de esa entidad de control estatal, el manejo de recursos del llamado Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas e Interculturales derivó en un daño al Estado de al menos Bs 71 millones, debido a la no ejecución de 153 proyectos, por los que incluso se anticipó el desembolso de dinero, y, además, el cierre irregular de otros 169 proyectos y el desvío de dinero a 148 cuentas particulares.
Por mandato de la Ley 3058 de Hidrocarburos, dichos recursos provienen de la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) entre departamentos productores y no de hidrocarburos, y saldos para el Tesoro General de la Nación (TGN), pueblos indígenas y originarios, comunidades campesinas, municipios, universidades, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros.
Es inconcebible semejante acto de daño al Estado y a la fe de los bolivianos de parte de ciertos mandos de las organizaciones sociales afines al Gobierno y al Movimiento Al Socialismo (MAS). Esto se suma a una serie de actos de corrupción en municipios regentados por miembros de las mismas organizaciones o el vergonzoso abuso de la cosa pública, como pasó con el caso de presunta violación ocurrida en las mismas instalaciones de la Asamblea Departamental de Chuquisaca, en diciembre de 2012.
Es periodista.
