Días atrás, el Ministro de Gobierno anunció un plan para modificar varios reglamentos internos de la Policía Boliviana, con el fin de erradicar la corrupción en su interior. Si bien no se dieron mayores detalles, el proyecto plantea atacar la impunidad, de tal manera que los policías que cometan infracciones y/o delitos sean sancionados sin demora.
Ciertamente cualquier iniciativa que intente erradicar la corrupción en las instituciones del Estado debe ser bienvenida. No obstante, como es de suponer, para lograr este objetivo la modificación de las normas internas de la institución del orden puede resultar insuficiente, pues, lamentablemente este mal se ha arraigado en sus diferentes estratos, de allí que haga falta una completa reestructuración del marco institucional de la Policía.
Al respecto cabe recordar que la corrupción se expande allí donde las autoridades no rinden demasiadas cuentas ante la ciudadanía. En este sentido, sería deseable facilitar el acceso y la transmisión de la información no solamente en la institución verde olivo, sino en todas las reparticiones del Estado. Y es que, como bien se sabe, las restricciones en el ejercicio de la libertad de expresión y de participación ciudadana limitan el control social, promoviendo una cultura de tolerancia más laxa frente a la corrupción.
