En lo que va del año, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia registró 40 violaciones, 28 de ellas (70%) corresponden a abusos contra menores. Ciertamente estas cifras deberían llamar profundamente la atención de las autoridades y de la sociedad civil, sobre todo tomando en cuenta que, según los especialistas, solamente se denuncian en promedio el 20% de los ultrajes.
Porcentaje que incluso podría ser menor en el país, habida cuenta de la gran desconfianza que manifiesta la población hacia la Fiscalía y las fuerzas del orden, consideradas como dos de las instituciones más corruptas del país; y en cuanto a la Policía, adicionalmente ha sido señalada como la que más vulnera los derechos humanos, de acuerdo con un dossier difundido en diciembre del año pasado por la Defensoría del Pueblo.
Es decir que, de ser ciertas las proyecciones antes mencionadas, en los primeros 26 días del año se habrían registrado al menos 200 ultrajes en el país, siete por día, siendo los menores de edad los más afectados. Una estadística sencillamente escandalosa, más aún si consideramos los terribles impactos de la violencia sexual, que no solo causa heridas físicas, sino que además deja cicatrices mentales que muchas veces comprometen la capacidad de las víctimas para aprender y socializar, lo que a la postre deteriora su desarrollo. Situación que se agrava cuando el abusador es el propio padre o un familiar cercano. Algo corriente entre los abusos cometidos contra niños y niñas.
En cuanto a los ultrajes contra las mujeres, muchas de las agresiones sexuales se producen en el contexto de relaciones previas de la víctima, bien en el entorno familiar o el laboral, y la mayoría de las veces quedan impunes, porque las agredidas no se atreven a denunciar o a afrontar las consecuencias.
Estas cifras y los hechos que aquí se comentan nos recuerdan, una vez más, que nuestra indignación se debería traducir en acciones concretas contra los ultrajes en general y la violencia sexual contra los niños y niñas en particular, con campañas individuales y colectivas, que propongan soluciones claras, medibles y alcanzables. Y es que lamentablemente las condiciones que hacen posible estos hechos, que beben de la misma cultura de signo machista que provoca la violencia de género, goza de muy buena salud en el país. De allí la importancia de profundizar en medidas de prevención, con especial incidencia en el ámbito de la educación.
Asimismo se debería trabajar para que los hechos denunciados no queden sin castigo. En este sentido urge revisar y reforzar las medidas encaminadas a reducir los efectos negativos de la victimización, a tiempo de aumentar la confianza en el sistema, de tal manera que no queden violaciones impunes porque no se denuncian.
