El fin de semana último, el Fiscal General del Estado informó sobre el hallazgo de dos fiscales en El Alto que se dedicaban a extorsionar aprovechando su acceso a los casos y sus expedientes. Los dos acusados han sido destituidos de sus cargos y están siendo investigados, al igual que al menos otras cuatro personas que actuaban en complicidad con ellos.
El sábado, la Policía aprehendió a un fiscal de la División Homicidios y a otro de la División Flagrancia, ambos de la Fiscalía de El Alto, además de un pasante (el único con detención preventiva en el penal de San Pedro, mientras los otros dos gozan de detención domiciliaria), en un operativo que se realizó tras una primera acusación recibida el jueves 22. El lunes, tras hacerse público el caso, otras dos personas se presentaron al Ministerio Público para denunciar que fueron víctimas de extorsión.
Al ayudante se le halló hojas en blanco con la firma y sello de los dos fiscales, así como una credencial falsa que lo habilitaba como fiscal. Según los datos conocidos, trabajaba para ellos sin recibir un salario mensual. El fiscal que investiga el caso informó que cada fiscal atiende hasta 1.500 casos. Uno de los aprehendidos desempeñaba su función desde hace dos meses y el otro fue designado en agosto de 2014. Otras personas más son investigadas, todas son abogados relacionados con los litigios.
Según la investigación ordenada por la Fiscalía General, ambos fiscales falsificaban credenciales, realizaban operativos e incluso emitían órdenes de aprehensión falsas con el objetivo de atemorizar a las personas, para luego extorsionarlas. Una fuente ligada a la Fiscalía Departamental de La Paz informó a este diario que, tras la detención de los implicados en el caso de extorsión en El Alto, los funcionarios de la Unidad de Inteligencia de la Policía Boliviana investigan a otras tres personas particulares, que también ayudaban a captar gente en los tribunales y ofrecían fallos favorables que iban a resolver los fiscales.
Para el Fiscal General, el modo en que se actuó es una muestra de que bajo su mandato no se tolerará más corrupción en el Ministerio Público, cuya reputación hasta ahora está más asociada a la lenidad y retardación que a la búsqueda de la verdad histórica y el acceso pronto a la justicia. Es, también, ejemplo de que el mal que aqueja a la justicia en Bolivia es verdaderamente profundo, así como profunda debe ser la reingeniería que permitirá revertir ese estado de cosas.
Bien por la Fiscalía General, que ha actuado con prontitud y está ejecutando una investigación ejemplar. Es fácil imaginar, por una parte, que menudearán las denuncias contra éstos y otros fiscales corruptos y, por otra, que quienes tienen esas inclinaciones se lo pensarán dos veces antes de atreverse a usar su posición e influencia para extorsionar y abusar a las personas.
