He sostenido reiteradamente que el liderazgo actual del país, personificado en las figuras del presidente Morales y el vicepresidente García, desaprovecha las posibilidades que tiene para ejercer una suerte de pedagogía democrática. Es decir, ambos podrían ser más incisivos y perseverantes en temas que son cruciales en la construcción del Estado plurinacional, en particular en el despliegue de una nueva institucionalidad a partir de la aplicación de la Constitución Política del Estado (CPE).
La CPE es uno de los resultados tangibles del proceso iniciado en 2006 y, hay que recordarlo, costó innumerables conflictos y tensiones. No fue fácil arribar a los consensos que, dígase lo que se diga, fueron un factor decisivo para alcanzar la etapa de estabilidad que ostenta Bolivia con legítimo orgullo, en un mundo atravesado por graves colisiones y desacuerdos como los que se dan en varios países vecinos.
Muchos observadores, analistas y biógrafos le reconocen al presidente Morales una innata habilidad y una desarrollada intuición para encontrar salidas a situaciones políticas complejas (olfato y astucia, dicen otros en forma más grosera). Por algo está donde está. Pero la pregunta que me surge con toda franqueza es si esas cualidades ¿lo ponen a salvo de cometer errores y lo convierten en absolutamente infalible, incapaz de equivocarse? Y mi respuesta igual de franca y directa es: no.
El Presidente, como toda persona de carne y hueso, se ha equivocado en varias oportunidades y puede seguir equivocándose. Ahora, los riesgos de cometer errores disminuirían o sus efectos negativos se atenuarían más rápido si existiera un equipo de reflexión en el Gobierno, capaz de encender oportunamente las alarmas. Me temo que tal equipo no existe o no es escuchado, pues hay errores que no solamente no se rectifican, sino que se persiste en ellos. Y es muy sabido que en política el costo que se paga por los errores suele ser muy elevado.
Al calor de las campañas para estas elecciones subnacionales, que el Presidente diga que no va a trabajar con las autoridades de la oposición que resulten electas me parece un error sin atenuantes posibles. Contradice reiteradas afirmaciones suyas en sentido de trabajar unidos en pro de los intereses nacionales y populares.
Entrega en bandeja argumentos a la oposición. Y, lo más grave, choca con la Constitución, que establece competencias, atribuciones y responsabilidades de cada uno de los niveles de organización del Estado, independientemente del color político de los transitorios operadores electos.
Otra cosa, y muy distinta, es que haya opositores que buscan, como en el pasado, atrincherarse en municipios o gobernaciones para desde allí desarrollar acciones subversivas y sabotear emprendimientos y obras de interés general promovidos por el Gobierno central. A ese tipo de opositores hay que denunciar y arrinconar con el voto.
También considero un serio error político calificar a todas las candidaturas no oficialistas como parte de la oposición de derecha. En varias ciudades, pero particularmente en áreas rurales, se perfilan candidatos y candidatas con alguna trayectoria y con posibilidades de éxito. Muchos de ellos fueron excluidos de las listas del MAS por sus deficientes y poco democráticos procedimientos de selección. En diversos casos dichas candidaturas adquieren fuerza precisamente porque son una respuesta a malas gestiones de autoridades que a toda costa buscan reelegirse. Pésima estrategia sería persistir en esos errores. Logrará persuadir a votantes asustadizos, pero hechas las cuentas, a la hora de la verdad, restará antes que sumar.
Es periodista.
