Según alerta el último reportaje de Informe La Razón, publicado ayer, al menos 30 alimentos —entre frutas, verduras y tubérculos— ingresan de contrabando al país a través de siete rutas fronterizas, junto a varias semillas (al menos cuatro variedades) para la siembra en territorio nacional, provenientes principalmente de Perú, Chile, Argentina y Brasil.
Cabe recordar que la importación ilegal de productos no es un fenómeno reciente. Bolivia es un país con amplias fronteras y tiene a su alrededor cinco vecinos económicamente más fuertes. Esta situación hace que la economía nacional sea particularmente vulnerable al contrabando de productos elaborados allende nuestras fronteras, así como también la exportación ilegal de productos bolivianos, como los hidrocarburos, que tienen un precio mayor en el exterior.
No obstante, lo que hace a este caso bastante particular, cualidad que debería llamar la atención de las autoridades nacionales, es que no se trata de productos industrializados, sino de alimentos de primera necesidad que hace no muchos años eran abastecidos casi en su integridad por productores locales. Es decir que el crecimiento de la demanda interna de alimentos ha crecido en los últimos años mucho más que la oferta, o los agricultores bolivianos han decidido migrar a otras actividades, o una combinación de ambos factores.
La última hipótesis es la que ciertamente explica con mayor precisión este fenómeno. Como bien se sabe, en los últimos años muchas familias de bajos ingresos han pasado a formar parte de la clase media, incrementando en este sentido la demanda interna de bienes y servicios. Sin embargo, también se sabe que en lugares como los Yungas paceños o el trópico de Cochabamba la producción de frutas y de otros alimentos ha migrado al cultivo de la hoja de coca, mucho más rentable no solo por su precio, sino también por su elevada demanda y la gran cantidad de cosechas (tres al año) que genera. Asimismo el boom de construcciones inmobiliarias y la exportación de minerales, actualmente en retroceso, han atraído a sus filas a trabajadores otrora dedicados a la agricultura.
Ahora bien, más allá de los ingresos que deja de percibir el Estado por los aranceles de los productos que ingresan de manera ilegal al país, el mayor riesgo detrás de este fenómeno estriba en que los hogares bolivianos hoy dependen en gran medida de lo que ocurre allende nuestras fronteras, para garantizar que haya alimentos en nuestras mesas. Una situación de alto riesgo que no solo limita el margen de acción del Gobierno para contrarrestar la inflación, sino que además puede traducirse en la escasez de productos en caso de que ocurran imprevistos climáticos, por ejemplo. Esto sin contar la pérdida de empleos y la salida de divisas que podrían invertirse en el desarrollo del país.
