Es pertinente recordar que Thomas Carlyle (1795-1881) sostenía que la economía era una ciencia lúgubre, entre otras cosas porque sus pronósticos sobre la situación social resultaban inquietantes para los detentadores del poder de la época. En el otro extremo de las interpretaciones se ubicaba en cambio el Dr. Pangloss, con su tesis de que “vivimos en el mejor de los mundos posibles”.
Recordar este tipo de diferencias radicales en la apreciación de las circunstancias económicas imperantes viene al caso precisamente porque en los últimos meses han cambiado notoriamente las condiciones de desempeño de la economía, lo que ha dado lugar de inmediato a una clara separación de las opiniones sobre las consecuencias para el futuro. Por un lado están las autoridades gubernamentales que sostienen que el país está blindado frente a los impactos de la reducción de los precios de las principales exportaciones; por otro, se encuentra la gran mayoría de los economistas con presencia en el debate público que, con variedad de argumentos y matices, afirman que el tal blindaje no es suficiente ni resulta razonable continuar con las políticas aplicadas en los años de bonanza.
Dicha controversia no es una disputa puramente teórica, puesto que la interpretación de las autoridades sobre la situación respalda las decisiones adoptadas en los últimos meses, ya que sería irresponsable que tales medidas respondan únicamente a las urgencias electorales del oficialismo, sin considerar las consecuencias futuras. Tal es el caso del aumento salarial acordado con la COB, que se establece a pocos meses del pago del doble aguinaldo. Además de la justificación política, se puede suponer que la explicación argumental de dicha medida consiste en la necesidad de impulsar la demanda interna para compensar el debilitamiento de la demanda externa.
Ocurre, sin embargo, que el poder adquisitivo de los salarios es ciertamente un componente importante de la demanda agregada de bienes de consumo, pero también es un componente del costo de producción de los establecimientos económicos. Habida cuenta de que las autoridades no permiten que aumenten los precios de los bienes y servicios, la conclusión que se puede formular dice que es poco probable un aumento a corto plazo de la oferta interna, pero es casi seguro que aumentará la oferta externa, que ha servido hasta ahora para evitar presiones inflacionarias.
En segundo lugar, la enorme proporción del empleo informal en el sector privado hace que el mencionado aumento salarial solo beneficie en verdad a una reducida fracción de los trabajadores asalariados, y con el agravante de que se estimula además que aumente la precariedad del empleo. En el sector público, en cambio, el incremento salarial trae aparejado un aumento del gasto sin contrapartida de mayores ingresos, lo que contribuye por cierto a elevar el déficit fiscal. No es de extrañar que en tal contexto la gente presione por ingresar al empleo público.
Conviene recordar, por último, que el desempeño económico es el resultado de las decisiones de diversos agentes, entre los cuales el Gobierno ocupa un puesto estratégico, porque es el único que tiene la potestad de modificar los parámetros de referencia para los agentes privados. No obstante, las previsiones de las autoridades sobre la reacción de dichos agentes difiere bastante de las expectativas y las conductas efectivas de los mismos; la brecha entre ambas cosas puede ser enorme, y provocar efectos negativos adicionales sobre el desempeño de la economía.
Por eso, cuando cambia la trayectoria de variables que están totalmente fuera del control nacional, es razonable la concertación con todos los actores económicos y sociales, antes que la imposición pura y dura de medidas, cuyos resultados no están bajo control completo de sus autores.
