Días atrás, el nuevo presidente de la Magistratura, Freddy Sanabria, anunció que en su gestión se va a aplicar la tan anhela gratuidad de la justicia. Cabe recordar que este principio resulta fundamental para que la justicia realmente llegue a todas las personas de manera equitativa. Y es que, cuando su administración tiene un costo, tal como ocurre en el país y con montos a veces astronómicos, en la práctica existen ciudadanos de primera (aquellos que pueden pagar por ejercer sus derechos) y de segunda (aquellos que no pueden costear los elevados gastos judiciales).
Esta aberrante discriminación ocurre en gran medida por la amplia libertad con la que gozan las entidades judiciales a la hora de realizar su labor, pero también debido al espíritu “recaudador” que impera en los tribunales nacionales. Por caso, cuando se inicia un proceso coactivo se debe pagar un porcentaje (5 por mil) sobre el monto demandado, cifra dispuesta al margen de la ley por una circular de la Corte Suprema. Si deseamos que la administración de justicia esté efectivamente al servicio de la población y no sea una fuente de financiamiento para unos y una forma de amedrentamiento para otros, es de esperar que la promesa manifestada por Sanabria se cumpla.
