Las recaudaciones municipales propias resultan esenciales no solo para cumplir con las responsabilidades que todas las alcaldías tienen respecto a los ciudadanos que viven en su jurisdicción, sino también para poder desa-rrollar una percepción correcta del costo, pertenencia y responsabilidad de los servicios y bienes públicos proporcionados por los gobiernos locales.
Estos principios básicos de equilibrio fiscal y de gobernabilidad, elementales para garantizar una buena gestión edil, actualmente se encuentran en riesgo por la desidia que manifiestan algunos contribuyentes a la hora de cumplir con sus responsabilidades y la ausencia de una institucionalidad robusta que garantice que los ciudadanos paguen los impuestos locales donde les corresponde. Por caso, una nota publicada el domingo por este diario revela que muchos ciudadanos cuyos inmuebles y/o negocios se encuentran en La Paz han comenzado a pagar sus impuestos en la Alcaldía de Palca. Tanto es así que el número de contribuyentes de ese municipio ha pasado de 500 a 50.000 en los últimos cinco años (10.000% más).
Gracias a esta avalancha de nuevos contribuyentes, que son recibidos con los brazos abiertos en Palca independientemente de que sus inmuebles o negocios se encuentren fuera de su jurisdicción y cumplan o no con los lineamientos municipales de seguridad y convivencia urbana, sus recaudaciones se han incrementado en 550% (de Bs 1 millón a Bs 6,5 millones al año). No cabe duda de que las autoridades de ése y de otros municipios aledaños a la sede de gobierno deben estar muy contentos con este fenómeno, tanto más conveniente por cuanto sus recursos se están incrementado pero no así sus responsabilidades, como correspondería.
El problema es que este superávit para unos constituye una sangría creciente de recursos para la Alcaldía paceña, que continúa haciéndose cargo de los servicios que reciben los barrios donde estos edificios y negocios se asientan, pero que ahora tributan en otro municipio. No se necesita ser un profeta para prever que, a la larga, este déficit se va a traducir en menos obras para la sede de gobierno y en servicios municipales de menor calidad, afectando a justos y pecadores por la mezquindad y anomia ciudadana de unos cuantos.
¿Qué hacer al respecto? Una buena opción sería conformar una región metropolitana entre los municipios colindantes, con base en criterios de ordenamiento territorial uniformes, de tal manera que los gobiernos locales compartan responsabilidades así como también recursos. No obstante, para ello hace falta una actitud de compromiso, desprendimiento y rectitud que muchos gobernantes no poseen. De todas maneras se debería trabajar en esta dirección, antes de que las propias juntas vecinales decidan organizarse con el fin de identificar a los contribuyentes infractores para “regularizarlos” a su manera.
