Días atrás, aprovechando que soplan vientos de cambio en la Policía, el Director de Régimen Penitenciario de Cochabamba cuestionó el hecho de que no sea posible juzgar por la vía ordinaria a un uniformado que presuntamente ha cometido un delito a menos que sea encontrado en flagrancia, a tiempo de sugerir la promulgación de una norma para revertir esta situación.
En efecto, a raíz de que en tan solo una semana tres guardias fueron detenidos por colaborar con el tráfico de drogas en dos cárceles de Cochabamba, el jefe regional penitenciario, Erwin Sandóval, señaló que todos los policías que trabajan en un penal deberían estar seguros de que van a ser sancionados si cometen alguna irregularidad.
No obstante, actualmente esto no sucede, en parte porque solamente se puede procesar a un uniformado cuando es sorprendido cometiendo un delito en flagrancia. En cambio, cuando existen indicios de corrupción, las denuncias son investigadas por la Policía de manera interna por la vía disciplinaria, y la mayoría de las denuncias no prospera.
A modo de ejemplo, Sandóval recordó el caso del teniente Diego Óscar Céspedes Pérez, quien en junio de 2014 fue identificado por dueños de vehículos indocumentados como uno de los principales cobradores de sobornos, entre Bs 400 y Bs 2.500, para permitir que sus carros puedan circular libremente en el trópico cochabambino. Desde el Comando Departamental de la Policía se anunció la investigación de la denuncia contra Céspedes. Sin embargo, el uniformado solamente fue transferido al penal de San Antonio, donde resultó implicado en el tráfico de marihuana a los pocos meses de haber comenzado a trabajar en esa nueva repartición.
Para subsanar esta suerte de amnistía entre “bomberos” que evitan pisarse la manguera dentro de la Policía, la autoridad departamental anunció su intención de conversar con el Ministro de Gobierno, para promover la promulgación de una norma que permita que un uniformado con indicios de haber cometido actos de corrupción pueda ser juzgado por la vía ordinaria, además de ser procesado en la vía disciplinaria.
Ahora bien, además de medidas para luchar contra la corrupción y la impunidad dentro de la institución verde olivo como la que aquí se comenta, sería deseable que el Ministerio Público impulse un proyecto de largo aliento que apunte a la creación de una unidad penitenciaria de élite, administrada de manera independiente de la Policía Nacional, con mandos propios y una formación orientada exclusivamente a la seguridad interna y externa de los penales, con salarios bien remunerados que tomen en cuenta lo difícil y riesgoso de su trabajo, así como también su cercanía a las esferas delincuenciales, tal como ocurre en otros países de la región y el mundo.
