El 2015 será recordado por Michelle Bachelet y Dilma Rousseff como un año horrible. Su aura carismática y progresista parece haberse desvanecido como consecuencia de sucesivos y graves escándalos de corrupción, han perdido confianza y legitimidad, pero además la orientación estratégica de sus gobiernos (centrada en la superación de las desigualdades sociales) ha sido trastornada, pues ahora, en una situación de debilidad política, y por presión de la sociedad civil, se han visto forzadas a asumir una nueva y apremiante agenda política: la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Los resultados de las recientes elecciones municipales y departamentales en Bolivia, desfavorables al Movimiento Al Socialismo (MAS) en espacios electorales estratégicos, parecen ser síntomas de una reacción ciudadana contra la corrupción y la mala calidad de la gestión pública, pero no han mellado el capital político del presidente Morales. A diferencia de Chile y Brasil, tampoco se ha activado un movimiento ciudadano que exija cuentas claras y responsabilidades por malos manejos de fondos públicos. La transparencia sigue siendo un tema marginal de la agenda política.
Si bien el gobierno del MAS cuenta con una política nacional de transparencia y lucha contra la corrupción, ésta no ha sido aplicada de manera eficaz e integral. La creación del Ministerio de Transparencia, por ejemplo, era una buena idea, pero en los hechos dicha entidad carece de autonomía para actuar y pensar, está claramente subordinada al Ejecutivo, tiene las manos atadas.
Otro ejemplo, Bolivia es uno de los pocos países del continente que aún no cuenta con una ley de acceso a la información, lo que constituye la espina dorsal de una política de transparencia. Es sencillo: sin información relevante y oportuna, no hay transparencia. De hecho, el Estado boliviano no cuenta con condiciones para garantizar el ejercicio de este derecho, y por ende reproduce constantemente la cultura del secreto.
El problema de fondo es el predominio en las altas esferas de gobierno de una visión “estatalista” de la transparencia que concibe la corrupción como un asunto meramente gubernamental, burocrático, que no involucra a la sociedad civil. La ausencia de acciones e iniciativas desde la sociedad, impulsadas por organizaciones o individuos, permite que el Estado instrumentalice o minimice la política de transparencia. En suma, nos falta una amplia visión política de la transparencia como una interacción crítica entre la sociedad y el Estado.
