El número de personas que se han visto forzadas a desplazarse en el mundo como consecuencia de las guerras y la persecución ha alcanzado su máximo histórico desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Más de 50 millones de personas, hombres, mujeres y niños, se han visto forzadas a abandonar sus hogares como consecuencia de la violencia y la amenaza a los derechos humanos. Tan solo en Siria, 4 millones de personas han abandonado el país desde el inicio de la crisis en 2011, y han escapado de la violencia generalizada a países vecinos (como el Líbano, Jordania, Turquía o Iraq) así como, en menor medida, a países de Europa y América Latina.
Las crisis en varios países africanos —como la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, la República Centroafricana y Nigeria— también se perpetúan, generando el desplazamiento masivo de población. Más cerca de nosotros, en América Central, cada vez más jóvenes y familias abandonan su hogar y su país ante las amenazas de pandillas y del crimen organizado.
Hoy, las crisis humanitarias también están a la puerta de Europa. El último fin de semana, el Mediterráneo fue nuevamente escenario de una tragedia. Más de 800 personas perdieron la vida a causa del naufragio de una precaria embarcación que las trasladaba a Europa. Tan solo en lo que va del año, aproximadamente 2.000 personas murieron tratando de llegar a las costas de Malta, Italia, y de Grecia. Muchas de ellas provenían de países como Eritrea, Siria, Somalia, Etiopía y Costa de Marfil.
Es obvio que la miseria y la falta de oportunidades de desarrollo causan movimientos migratorios. Pero tenemos que admitir, al observar el origen de las víctimas, que una gran parte de estas personas escapan de situaciones de guerra y de persecución. Las dificultades y trabas que encuentran para poder ingresar a Europa los lleva inevitablemente a caer en las inescrupulosas redes de tráfico, que cobran cantidades exorbitantes para llevarlos a la tierra prometida.
Las personas que se desplazan de manera forzada no tienen otra opción. Huir es la única alternativa para salvaguardar su vida y aspirar a un futuro digno, al costo de exponer para ello su propia seguridad y la de sus familias. En esta crisis global de desplazamiento Europa ha sido testigo de un aumento significativo en el número de llegadas por mar. En 2014, 218.000 refugiados y migrantes cruzaron el Mediterráneo, la mitad de estas personas provenientes de Siria y Eritrea. Ese mismo año se estima que más de 3.500 mujeres, hombres y niños perdieron la vida o desaparecieron en el mar como consecuencia de naufragios accidentales o provocados.
En los últimos días, se han sumado los llamados para apoyar a las víctimas del reciente naufragio. Esta acción es urgente, pero no es suficiente. Se debe instar a los Estados a fomentar mecanismos de protección y solidaridad para evitar que estas tragedias se multipliquen. En este sentido, desde la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se ha instado a los Estados de la Unión Europea (UE) a adoptar una serie de medidas dirigidas a reforzar el asilo y la protección de los refugiados, entre las que se destacan: activar de manera urgente operaciones sistemáticas de búsqueda y rescate en el mar que tengan como imperativo salvar vidas; desarrollar mecanismos de solidaridad para apoyar a aquellos países que reciben la mayor cantidad de llegadas de refugiados (Italia y Grecia); instar a los Estados europeos a recibir un número significativo de refugiados en programas de reasentamiento; establecer alternativas legales (como los programas de reunificación familiar y los visados de trabajo y estudios) para que las personas que tienen necesidades de protección internacional no se vean obligadas a recurrir a este tipo de peligrosas travesías. En resumen, la angustiante crisis humanitaria actual nos recuerda, una vez más, que cualquier política de gestión migratoria debe tener como base fundamental la defensa de los derechos humanos y la solidaridad entre naciones.
La crisis en el Mediterráneo también tiene relevancia en el ámbito de nuestra región. Como lo recordó António Guterres, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, durante la reciente Cumbre de las Américas, en la Organización de Estados Americanos (OEA), estas tragedias nos demuestran que se debe “abordar los temas migratorios y de asilo de manera diferente”. Igualmente, afirmó que “América Latina continúa siendo un ejemplo para el mundo por la solidaridad que demuestra para las personas que huyen de la violencia y la persecución”.
Con este enfoque, a finales de 2014 los países de América Latina y del Caribe marcaron un nuevo hito, adoptando, después de un largo proceso de consulta entre Estados y con la sociedad civil, la Declaración y el Plan de Acción de Brasil. Este proceso permitió identificar los principales desafíos que tiene el continente en materia de desplazamiento, y se trazó una hoja de ruta para fortalecer los mecanismos de protección y asistencia para personas refugiadas, desplazadas internamente y apátridas.
El drama del Mediterráneo también pone en evidencia la necesidad de promover acciones coordinadas a nivel regional. En este marco, los procesos de integración regional, como el Mercado Común del Sur (Mercosur), ofrecen un espacio idóneo para desarrollar mecanismos de protección efectiva para víctimas del desplazamiento forzado y para coordinar acciones de apoyo y solidaridad con las crisis humanitarias globales, como las que estamos presenciando en el Medio Oriente, África, Ucrania o, en estos últimos días, en el Mediterráneo.
