Cuando escucho al viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, acusando a la periodista Amalia Pando de incitar al racismo en su programa radial, me surge una pregunta: ¿cuán felices estarán todos aquellos sectores criollos/mestizos que en su momento se oponían a la promulgación de la Ley 045 (de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación), arguyendo que ésta podría ser instrumentalizada por el poder (léase gobierno) para arrojar a los periodistas al abismo?
El viceministro está haciendo un favor burdo a los que se oponían a la mencionada norma, ya que confunde su noble espíritu para convertirla en un espectáculo mediático grotesco. Que en Bolivia persiste un racismo colonial no es novedad para nadie; y la necesidad de combatido es otra verdad de Perogrullo, pero la forma de combatir esta lacra social elegida hoy por el dignatario de Estado solo reduce a aquella norma a un arma inquisitorial, orientada a anular a quienes piensan diferente, de tal modo que nos evoca a las sombras del medioevo… Vigilar para a posteriori castigar, como diría Michel Foucault.
El blanco que eligió el señor viceministro es tan patético que solo provoca perplejidad. Resulta que en el contexto de una entrevista radial vía telefónica realizada por la periodista Amalia Pando, el excoronel Germán Cardona manifestó desde España expresiones racistas al referirse a la actual presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. Inmediatamente la comunicadora lamentó explícitamente este suceso ante el público oyente. Empero, Cárdenas al parecer no se percató de esto, y si lo hizo, prefirió entrar en la escena mediática, tildando a la periodista de incitar al racismo en su espacio periodístico. La autoridad incurrió además en una miopía, la de no diferenciar dos verbos diametralmente opuestos: lamentar e incitar. El primero significa “sentir pena, contrariedad, arrepentimiento, etc., por algo”. El segundo se refiere a “estimular a uno para que haga algo”. Pero la cosa no se quedó allí. El despropósito de Cárdenas fue segundado por la viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza.
Todos sabemos que el racismo es una lacra incrustada en la médula de la sociedad boliviana, amén a su origen colonial. De allí que la Ley 045 sea un avance significativo para encarar decisivamente esta problemática estructural. Sin embargo, el viceministro Cárdenas, en vez de impulsar la socialización de esta norma (que es un pilar para eliminar la exclusión y la marginación social), hace una tarea a la inversa, usa este instrumento legal no para combatir el racismo y la discriminación, sino como un ajuste de cuentas o escarmiento con los que piensan diferente al poder. Así se desnaturaliza la esencia y el espíritu de esta normativa que debería servir para alentar/promover una mejor convivencia con el otro/otra. En vez de impulsar políticas públicas y campañas para ello, el viceministro se atavió como censor medieval con el fin de buscar espectros donde no hay.
La responsabilidad de Cárdenas es ética y política. Pues si se desvirtúa el asunto, paradójicamente sería culpable —voluntaria o involuntariamente— de que el racismo persista, ya que usa el instrumento legal destinado a combatirlo como un mecanismo de extorsión política, viciando así su sentido más sustantivo, el de combatir la segregación, la exclusión y la discriminación racial, tan recurrentes aún que nos avergüenza como sociedad.
