El presidente Ollanta Humala ha declarado que su país podría intervenir en el litigio entre Bolivia y Chile “si en algún momento de este proceso se pone en cuestión el vínculo de soberanía en Arica”. Ha indicado también que el litigio entre La Paz y Santiago es bilateral, pero que el Perú evaluará los términos que utiliza Chile en su defensa ante la demanda planteada por Bolivia.
A su vez, la canciller Ana María Sánchez afirmó que Lima enviará una comunicación a la CIJ aclarando que el inicio de la frontera terrestre con Chile es el “Punto Concordia” y no el “Punto 1”, denominación que utiliza Chile en sus alegatos contra Bolivia. “La Cancillería peruana (…) ha venido y viene efectuando una permanente evaluación en defensa de los intereses permanentes del Estado”, afirmó la ministra, en clara demostración del interés de su nación en el litigio que ahora afrontan Bolivia y Chile.
La probable intervención del Perú se originaría en un mapa que habría presentado Santiago a la CIJ dentro de la excepción de incompetencia contra la demanda boliviana. Recordemos que luego del fallo de La Haya que favoreció al Perú en su litigio contra Chile por el límite marítimo se activó la controversia relacionada al “triángulo terrestre”, una superficie de 3,7 hectáreas ubicada en la frontera entre ambos países, muy cerca de Arica. Perú solicitó a la CIJ que se pronunciara sobre dicha superficie, pero el tribunal decidió no hacerlo aduciendo que carecía de competencia para referirse a un asunto regulado por el Tratado de Lima de 1929.
La controversia tomó vuelo después del fallo de la CIJ (enero 2014). El entonces presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que “la confirmación por parte de La Haya de que la frontera marítima comienza en el paralelo del Hito 1 ratifica el dominio sobre el triángulo terrestre”, postura que el Perú rechazó terminantemente. En esta misma columna, con el título de El turno del triángulo terrestre me referí a este tema (21/02/2014); hoy todo indica que la controversia sobre el triángulo retornará al seno de la CIJ a raíz de la excepción planteada por Chile dentro de la demanda boliviana.
Lo hasta aquí señalado me da pie a reflexionar sobre la posibilidad que tenía Bolivia de presentarse como tercerista en el litigio entre Perú y Chile. Una vez que La Paz tuvo acceso a los documentos de ese proceso, presentó una nota diplomática haciendo conocer a la CIJ y a los dos países vecinos su postura relativa a que Chile había prometido a Bolivia en varias ocasiones un acceso soberano al Pacífico. Desde entonces (julio 2011) Bolivia preparó las bases de la demanda que hoy es impugnada por Chile.
Perú fue y es un actor clave en la cuestión marítima boliviana. Durante el proceso de Charaña Lima fue consultada por Santiago (en aplicación del Tratado de 1929). En los alegatos de la semana pasada una delegación peruana estuvo presente en todas las audiencias. Y cuando la CIJ se declare competente e ingrese a los temas de fondo, el Perú podría cobrar aún mayor protagonismo. El presidente Humala declaró poco después de que Bolivia oficializara la presentación de su demanda que el reclamo boliviano era legítimo y justo.
Aunque Chile ha intentado cuestionar la competencia de la CIJ, los alegatos respecto a la excepción preliminar han mostrado que ya se discuten los temas de fondo de la demanda boliviana. Incluso Chile ha tenido que responder por escrito a una pregunta formulada por el juez Hisashi Owada sobre qué entiende por acceso soberano al Pacífico y la preocupación del Perú sobre la terminología utilizada por Chile respecto a los hitos fronterizos (que hasta podrían determinar su intervención en la CIJ) también es un tema que hace al fondo. En mi artículo La excepción ¿es la cuestión de fondo? (La Razón, 11/07/2014) me anticipé a este escenario. Queda a Bolivia esperar, con paciencia y esperanza basada en el Derecho Internacional, que la CIJ se declare competente.
