La inseguridad, tanto física como jurídica, fue uno de los asuntos de mayor interés planteado durante la Cumbre Agropecuaria que recientemente se organizó en la ciudad de Santa Cruz. En aquella reunión, el Gobierno se comprometió a ejecutar mayores esfuerzos orientados a evitar el avasallamiento de los predios agrícolas así como los atracos que sufren algunos de los productores.
Respecto a este último punto, una noticia publicada ayer por este diario da cuenta de que en promedio son sustraídas 70 toneladas de soya cada mes, lo que representa una pérdida anual aproximada de $us 250.000. Según han señalado los afectados, dos son las formas que utilizan los ladrones para tal efecto. Por un lado están los que roban pequeñas cantidades hasta acopiar grandes volúmenes que luego son comercializados, conocidos como “pimpines”, y por otro están los “fleteros”, quienes hurtan grandes volúmenes e incluso hacen “desaparecer” camiones de alto tonelaje. En el primer caso toca a los empresarios implementar medidas de seguridad más rigurosas, con el fin de evitar este tipo de robos, con el apoyo de la Policía; mientras que en el segundo, naturalmente es responsabilidad del Estado el identificar y sancionar a los responsables de estos asaltos, que atentan contra la inversión privada y la generación de empleos en el país.
