Con gran rapidez, la Asamblea Legislativa Plurinacional trató la dimisión de los siete vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), máxima instancia del Órgano Electoral; y el sábado último aprobó por unanimidad el reglamento para la designación de nuevos vocales, el mismo que fue publicado el domingo 7 en todos los diarios del país. La selección será meritocrática.
De acuerdo con la convocatoria, el plazo para el registro será de diez días, para luego realizar una evaluación, selección de candidaturas que cumplan con los requisitos y, por último, una nueva convocatoria para la elección de los nuevos vocales del TSE. Entre muchos otros, los requisitos son tener 30 años cumplidos, no tener cargo o sentencia ejecutoriada, contar con título profesional con una antigüedad no menor a cinco años, no tener militancia en ninguna organización política en los últimos cinco años, no haber sido dirigente o candidato de un partido político en los cinco años anteriores a la designación, no haber ocupado cargos directivos en empresas extranjeras que tengan contratos con el Estado y no haber convocado, organizado o ejecutado referendos al margen de la ley. Este requisito fue uno de los pocos que no obtuvo adhesión de todas las fuerzas políticas que participaron del debate.
Terminada la sesión, el Vicepresidente del Estado señaló que se han propuesto plazos cortos para que el proceso haya concluido hasta fin de este mes, y que entre los 15 criterios de mérito figuran la formación académica, la producción intelectual, la experiencia en el servicio público y el conocimiento de un idioma oficial del Estado aparte del castellano. También anunció que se buscará el mismo consenso logrado en el reglamento para la fase de selección de las personas que serán responsables de conducir los procesos electorales del país.
Se desea, por supuesto, que las y los nuevos vocales estén libres de toda vinculación con organizaciones políticas, causa precisamente del descrédito de los vocales que estuvieron a cargo del TSE hasta hace dos semanas. Sin embargo, cabe preguntarse si el no haber sido militante equivale a no tener vinculación o siquiera simpatía. Es previsible que cuando concluya el proceso de registro y se dé a conocer quiénes resultaron seleccionados, será la opinión pública la que juzgue esta independencia política. Para el efecto habrá un plazo de cuatro días para presentar impugnaciones. Los legisladores se propusieron, también, que haya paridad de género y presencia de profesionales indígenas.
Tiene, pues, una gran tarea el Legislativo, por cuanto quienes resulten seleccionados recibirán toda la atención que no merecieron los que acaban de dejar el cargo, además de que serán comparados no con éstos, sino, probablemente, con aquellos llamados “notables” que en 1991 salvaron a la Corte Nacional Electoral de una crisis similar a la de ahora.
