A raíz de la contracción de los ingresos fiscales que devienen de las exportaciones del gas y de otras materias primas, junto a los pronósticos de la llegada de una nueva época de vacas flacas en América Latina y el reclamo de los sectores formales de la economía ante una mayor presión fiscal, tal parece que el Gobierno se ha propuesto ampliar la base tributaria, incluyendo a sectores que tradicionalmente han sido excluidos de esta obligación no obstante recibir beneficios del Estado y contribuir grandemente a la destrucción de los suelos y al deterioro del medioambiente, tales como los cocaleros y los cooperativistas mineros.
Por caso, el domingo, el Ministro de Economía anunció que se trabaja en la redacción de una norma para que quienes se benefician de la comercialización de la hoja de coca paguen impuestos. Se trata sin duda de una necesaria medida, que no solo contribuiría a incrementar las arcas estatales, sino también el control en este sector informal de la economía.
Un control tanto más importante por cuanto, según advierten estimaciones de la Oficina de las NNUU contra la Droga y el Delito y del propio Gobierno, muchos de los cultivos de coca, especialmente los del Chapare, están ligados a la producción de cocaína. De allí que la tutela estatal sobre ese sector sea una necesidad de primer orden.
