Después del tira y afloja entre el Gobierno y los panaderos, fruto de la suspensión a la subvención de la harina para la elaboración de la marraqueta, el resultado fue que el preciado pan ahora es comercializado en las calles a Bs 0,50 por unidad, 25% más caro que su precio original, y en muchos casos con un menor gramaje, amén del descontento generalizado de la población.
En otro frente, el conflicto entre los carniceros mayoristas y las autoridades en materia económica, originado por la disposición de cobrar impuestos a los matarifes mayores, ha creado incertidumbre sobre el abastecimiento de este alimento básico en los principales mercados del país, muy a pesar de los esfuerzos de provisión emprendidos por Emapa.
Simultáneamente otros sectores pretenden obtener ganancias en río revuelto, que en este caso no son precisamente los pescadores, sino los productores de carne porcina y algunas granjas avícolas, que en el primer caso incrementaron el precio de su producto en casi 10%, y en el otro, un amague de subida de precios, acciones que lógicamente ponen en punta los nervios de los consumidores de fricasé o picante de pollo.
Asimismo, con un aire de oportunismo, nuevamente el sector del transporte público empieza “tímidamente” a enarbolar sus estandartes de lucha en pos de lograr el ansiado incremento de 50 “centavitos” en los pasajes, aduciendo que el precio del pan de batalla subió, también la carne, el cerdo y de paso el pollo. De igual forma algunos grupos de gremialistas van alistándose para presentar resistencia ante una posible ampliación del universo tributario, lo que lógicamente afectaría sus privilegios (léase ingresos), que por muchos años obtuvieron mimetizándose detrás de un régimen simplificado y que les ha permitido a muchos detentar ostentosas galerías comerciales cuyos valores exceden los límites patrimoniales permitidos por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
Todos estos focos de conflicto pueden parecer fenómenos aislados, sin embargo, es posible identificar un eje conector entre ellos, asociado a dos factores que hacen a las finanzas públicas, el primero la subvención, en este caso a la harina, que afecta directamente al gasto público; y, por otro lado, los ingresos fiscales se están reduciendo por la contracción de algunos impuestos, como el de la renta a los hidrocarburos (IDH), obligando al SIN a identificar a nuevos contribuyentes, para compensar en alguna medida esta caída impositiva.
Así, ante la evidencia de la intención gubernamental por reducir gastos e incrementar ingresos, cualquier otro tipo de explicaciones que afecten a los precios carecen de justificación, pues si los costos de producción se incrementan (en este caso los impuestos), es casi obvio que éstos se trasladarán al precio final de venta, sin que tenga que ver la “mano invisible” del mercado y ni tampoco la “mano visible” del Estado.
