Existen aspectos de la realidad social que requieren ser juzgados más allá de la comodidad de nuestros escritorios, o más allá de nuestra comodidad del sur; ya que si no nos ponemos de pie, nuestros juicios podrían incurrir en una inconsistente intolerancia cuando ese aspecto de la realidad que juzgamos no calza con nuestro esquema de valores. Lamentablemente este fenómeno es el que se ha venido manifestando en quienes se han dado a la tarea de opinar acerca del conflicto que tuvo que enfrentar la nueva Alcaldesa de El Alto frente a la federación de juntas vecinales, cuyo eventual resultado fue incluso celebrado por críticos y detractores del Gobierno, refiriendo el mismo hecho como la perversión del modelo corporativo del llamado “gobierno de los movimientos sociales”.
Para comprender ese conflicto con menos prejuicios, no hace falta vivir necesariamente en El Alto, sino considerar que la organización basada en las juntas de vecinos fue anterior no solo al establecimiento de las instituciones democrático-liberales, sino también a la propia constitución del municipio. El recurso de ese micropoder no estuvo fundado únicamente, además, en la falta de presencia del Estado, sino también en la necesidad de consecución de bienes comunes por el asentamiento en un espacio de exiguas condiciones de habitabilidad, que sigue determinando la necesidad de la acción comunal. A ello hay que añadir la característica de la población migrante que llevó consigo sus usos y costumbres, pero que por el proceso de transterritorialización tuvieron que funcionalizarse con el entorno; así lo plantea cualquier estudio sobre migración.
De hecho, esa simbiosis socioeconómica y cultural representó el sustrato fundamental para que con el establecimiento de las instituciones de democracia liberal los pobladores de El Alto encontraran en expresiones políticas como Condepa su ente representativo más adecuado en términos de sus condiciones contextuales y su horizonte de visibilidad. Ello mismo, como lo hacen notar todos aquellos estudiosos que vieron en El Alto el ámbito de resistencia antineoliberal indígena y de surgimiento del “nacionalismo aymara” en la crisis de octubre de 2003, hizo posible que en torno a las juntas de vecinos emergieran formas de organización política basadas en prácticas deliberativas que se fueron desplegando hacia las multitudes para producir un proceso de inflexión en el proceso político boliviano.
Lo que es de llamar la atención es que si bien ese despliegue fue reconocido y hasta admirado por aquellos que imaginaron en el “resonar de los pututus un Jach’a Uru”, hoy esas mismas instancias de despliegue de poder popular son puestas en las antípodas de la civilización.
Con la normalización política resultaba lógica la necesidad de influir en la gestión de los asuntos locales, pero a nombre de las prácticas prebendales y clientelares en las cuales incurrieron dirigentes coludidos con las administraciones ediles pasadas, de carácter además sumamente pragmático, aquel modo de barbarizar las formas de expresión popular juzga bajo el modelo de una democracia mínima todo lo opuesto a ella como necesariamente una práctica autoritaria. Eso, en términos del proyecto de democracia intercultural que trae consigo la “nueva Constitución”, supone un contrasentido, pues el objetivo debería ser problematizar esta posibilidad en función de cualquier forma de organización popular. No aceptar esas complejidades que hacen a la vida política de El Alto, e incluso a la ciudad de La Paz (como se manifestó en la etapa del reciente gobierno transitorio), supone convertir a la democracia liberal en un principio totalitario y de secante intolerancia.
Es doctor en Sociología.
