A dos semanas de terminar su gestión, el Alcalde interino de La Paz tiene cada vez más de qué preocuparse. No solo se ha granjeado la animadversión de una parte de la opinión pública por actos de confrontación, que le valió protestas de los trabajadores municipales desde los primeros días que estuvo en el cargo, sino que ahora sus actividades a la cabeza del Ejecutivo municipal han sido puestas en conocimiento de la Contraloría General del Estado para que las investigue.
En efecto, el Concejo Municipal rechazó en dos ocasiones consecutivas la propuesta de Plan Operativo Anual (POA) modificado que presentó debido a que no pudo brindar justificación técnica ni financiera para los cambios que hizo en las partidas, particularmente en el caso de la Guardia Municipal, donde incrementó el número de ítems, así como en otras áreas donde contrató personal sin respaldo presupuestario.
Lo peor del caso es que la autoridad transitoria desconoció los rechazos del Concejo y anunció que había pasado el plazo del “silencio administrativo” por lo que procedía dar por aprobado su POA modificado. Previsiblemente, el Legislativo municipal no estuvo de acuerdo con la salida y decidió por unanimidad (es decir, incluyendo al suplente del ahora Alcalde) denunciar la irregularidad a la Contraloría.
