Si Donald Trump es el candidato republicano a la presidencia en 2024, ahora está claro que probablemente todavía tendrá acusaciones penales sobre su cabeza el día de las elecciones. Es posible que su responsabilidad penal por los acontecimientos que condujeron al motín del 6 de enero en el Capitolio siga sin resolverse. Si eso sucede, los votantes acudirán a las urnas sin saber si uno de los candidatos en las elecciones actuales es penalmente responsable de intentar anular al último y subvertir la voluntad de los votantes.
Celebrar unas elecciones en tales circunstancias es impensable. Como podría haber dicho Richard Nixon, los votantes tienen derecho a saber si su candidato es un delincuente. Se puede evitar, pero requerirá que el poder judicial tome algunas medidas extraordinarias. Y si eso sucede o no lo decidirá un puñado de juristas federales, incluidos varios nombrados por el propio Trump.
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De los cuatro casos penales pendientes contra Trump, el procesamiento federal por interferencia electoral en Washington tiene actualmente las mejores posibilidades de ir a juicio antes de las elecciones presidenciales de 2024. La fecha del juicio está fijada para el 4 de marzo. La jueza del Tribunal Federal de Distrito que supervisa el caso, Tanya Chutkan, ha estado haciendo un trabajo admirable para mantenerlo encaminado. Pero los acontecimientos legales que están fuera de su control ahora amenazan con descarrilar ese cronograma: las esperadas apelaciones previas al juicio podrían retrasar la fecha del juicio más allá de las elecciones de noviembre.
Tener una elección con Trump en la boleta y su responsabilidad penal por el 6 de enero sin resolver podría significar un desastre para el Estado de derecho. También es completamente evitable si los tribunales (y en particular, los jueces que controlan el calendario) están dispuestos a hacer lo necesario: acelerar la resolución de estas mociones para garantizar que el caso pueda llegar a juicio según lo previsto.
Algunos podrían argumentar que los votantes ya tienen suficiente información sobre las acciones de Trump y el 6 de enero. Pero un juicio penal es diferente. Después de las elecciones de 2020, Trump y sus aliados hicieron repetidas afirmaciones de fraude electoral y elecciones “amañadas”. Esas afirmaciones fracasaron uniformemente cuando fueron probadas en los tribunales por el sistema adversario, donde se requieren pruebas reales y los testigos testifican bajo juramento. En una era de desinformación y noticias falsas, los tribunales siguen siendo el escenario donde los hechos siguen importando.
Algunos votantes no aceptarán el veredicto de un juicio penal, sin importar el resultado. Pero para muchos podría ser un dato crítico a la hora de emitir su voto.
Ya no es posible completar el juicio antes de la mayoría de las primarias presidenciales. El supermartes, con más de una docena de primarias en estados y territorios de todo el país, es el 5 de marzo. Trump podría tener la nominación asegurada cuando termine el juicio. Pero el juicio podría concluir fácilmente antes de la convención republicana de julio, de modo que los delegados podrían decidir si realmente quieren nominar a un delincuente (si ese es el resultado) para dirigir el país.
Una democracia que funcione requiere un electorado informado. Es difícil imaginar una información más importante para los votantes el próximo noviembre que si un candidato es penalmente culpable por intentar anular las últimas elecciones presidenciales. Nuestro sistema legal puede resolver este caso rápidamente y al mismo tiempo proteger los derechos del acusado, pero el poder judicial tendrá que dar un paso al frente y hacer su parte para proteger la democracia.
(*) Randall D. Eliason es columnista de The New York Times
