El Estado Plurinacional debe ser, y con ventaja, uno de los entramados más centralizados de la historia patria. La venturosa nacionalización del gas le ha dado al poder central siete veces más plata que la que tuvo antes. La cantidad de empleados gubernamentales dependientes del centro estatal ha crecido en idéntica proporción desde 2006 hasta ahora. Siete veces más grande, aunque siete veces más concentrado.
Del presupuesto asignado a los ministerios, Obras Públicas ocupa el primer lugar, con el 18,4%; seguido por el despacho de la Presidencia, con el 17,5%. Éste se ocupa de financiar el muy eficaz, aunque quizás no tan eficiente, “Evo cumple”. Son los números de la gobernabilidad en el país; un estudio que nos merecemos conocer en algún momento.
Es innegable que el Estado distribuye en abundancia lo que recolecta, pero cada asignación es decidida por un núcleo estrecho de autoridades. Y es que el Estado Plurinacional es un clásico derivado de la siempre absorbente industria de los hidrocarburos. La suma de enclaves, pozos y refinerías da lugar a una cuenta nacional llamada “renta petrolera”, la gallina de los huevos de oro, diría un aficionado a las fábulas. De esa canasta única y densificada emerge el salario del país y en consecuencia, su monopólico jefe de cobranzas.
El reciente acto de conmemoración del grito de Murillo en La Paz fue un reflejo preciso del Estado hipercentralizado. El reciente 15 de julio, el gobernador Félix Patzi denunció con firmeza que la institución a su cargo dispone apenas de 42 millones de dólares al año. Le sucedió en el micrófono el vicepresidente García Linera, quien sacó a relucir una larga lista de obras presupuestadas por el Gobierno central para el departamento. Hice una suma apurada de las cantidades y me salió la impactante cifra de 3.236 millones de dólares. Concediendo que lo reseñado por García Linera es la agregación de todo lo invertido en La Paz en estos casi diez años, la desproporción igual resulta apabullante. El Estado central dispone para esta región de 7,7 veces más dinero que la Gobernación de La Paz. ¿Así, para qué quiere alguien ser gobernador?
Estamos ante un dato relevante para pensar en la hegemonía en Bolivia. Cuando el Gobierno central septuplica a cada gobierno subnacional no se puede hablar de un Estado autonómico. Los movilizados de Potosí lo sabían bien y por eso dirigieron sus reclamos a la plaza Murillo.
Poco después de que Álvaro García Linera saliera de la cárcel, me tocó hacerle una entrevista, que me ha gustado volver a leer. En ella, el actual vicepresidente sostiene que la Participación Popular, aprobada en 1994 por Sánchez de Lozada, era una “estrategia contrainsurgente”, porque instalaba cientos de casamatas municipales para poner freno al avance de las comunidades rebeldes sobre el poder central. En ese sentido, cada municipio con capacidad de gestión se convertía en un dique de contención de la protesta dispersa y localizada.
Leída esa hipótesis en clave contemporánea, se me ocurre pensar que el Estado Plurinacional ha decidido derribar esas casamatas para erigir un solo interlocutor estatal con capacidad de financiamiento. Y claro, la concentración de la protesta en un solo punto no implica, por ahora, su derribo más expedito. Al contrario, el resultado de la nacionalización del gas es una fortaleza estatal única y sin fisuras.
