La alternancia en el poder, particularmente en Estados Unidos donde una sola reelección es permitida, brinda la ocasión para ejercer el segundo mandato a plenitud, adelantando, a veces, iniciativas impopulares y no proclives a perseguir el voto ciudadano, tan arraigado en intereses parroquiales o en mezquinas inclinaciones racistas. Es en este tiempo cuando Obama ha mostrado sus mejores virtudes de cauto estadista y agudo visionario, con decisiones como descongelar las relaciones con Cuba o la negociación de restricción nuclear con Irán, que constituyen galardones que ya ingresaron galanamente en la historia inmediata.
Ahora encara con inusitado ímpetu un aspecto olvidado del campo interno: la aberrante justicia penal. Para vender mejor su producto ante la opinión pública norteamericana, ha encontrado un símbolo apropiado: ser el primer presidente que visita una prisión federal, y ello aconteció el 16 de julio último en El Reno, Oklahoma.
Entonces el Mandatario estadounidense expresó su preocupación acerca del sistema penal de su país, tan condicionado por el dinero y por la raza, merced por lo cual un habitante de color corre mayor riesgo de ser detenido, registrado, interrogado e inculpado que su semejante de piel blanca. Es más, traducido ante la Justicia, si el acusado es de raza negra o hispano, la pena impuesta será superior a la del infractor blanco por idéntico crimen. Con 2.200.000 personas detenidas, Estados Unidos ostenta el 25% de los enrejados de todo el planeta, no obstante que su población alcanza a solo el 5% en la demografía mundial. La alarma presidencial también señala que los presos en EEUU suman cuatro veces más que en China y son más numerosos que en 35 grandes países europeos juntos. Encerrar, alimentar, vigilar y administrar ese contingente humano le cuesta al Estado norteamericano $us 80.000 millones anuales, lo suficiente para costear la totalidad de la enseñanza universitaria pública o para duplicar el salario de todos los profesores de enseñanza secundaria.
La población penitenciaria estadounidense se ha cuadruplicado desde que en 1980 el presidente Ronald Reagan declaró su guerra total a las drogas. De cinco sentencias, cuatro corresponden a delitos de posesión o uso de drogas y una sola al tráfico de narcóticos. Alarma que el 60% de los presidiarios sean negros o hispanos. De donde se deduce que un afroamericano de 25 y un hispano de 88 están purgando penas. Mientras que esa tasa llega a solo un blanco entre 214. Y lo que es más sensible: un niño afrodescendiente de cada nueve tiene a alguno de sus progenitores tras las rejas.
Las anteriores digresiones presidenciales se dan de manera simultánea a las agresivas declaraciones del candidato Donald Trump, a propósito del alto número de mexicanos acusados y condenados por delitos varios en Estados Unidos, y esa arremetida coincide también con las profundas reflexiones de Obama acerca del impacto del dinero y de los prejuicios raciales en las decisiones judiciales.
Ingrediente de especial mención es el hecho de que si bien buena parte de los demócratas en el Congreso están imbuidos de sensibilidad social, sus pares republicanos los apoyan en la necesidad de reformar la justicia penal, preocupados por el alto costo que representa mantener la maquinaria carcelaria. Entre otras iniciativas se discute por ejemplo la creación de tribunales especiales para los delitos referentes a las drogas, renglón copado por las minorías latinas y negras.
Si en su tenaz lucha contra el tiempo Obama lograse reformar ese costado de la Justicia federal, habrá obtenido una victoria contundente para establecer un nuevo concepto de justicia para todos, sean negros o blancos, ricos o pobres, por igual.
