Un texto de la cientista política Charlotte Mathivet publicado en 2009 me permite reflexionar sobre los abusos que causan los megaproyectos concebidos como caprichos, la ausencia de una enérgica autoridad local, la inexistencia de mecanismos legales para la defensa ciudadana y la ausencia de una visión planificadora. Es decir, reflexionaremos sobre todos los males de la politiquería expresada en la ciudad.
El texto comienza con menciones a un libro de Henri Lefevre que son de palpitante actualidad: “El derecho a la ciudad tomando en cuenta el impacto negativo sufrido por las ciudades en los países de economía capitalista, con la conversión de la ciudad en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de la acumulación del capital.” En otro párrafo: “Lefebvre construye una propuesta política para reivindicar la posibilidad que la gente volviera a ser dueña de la ciudad. Frente a los efectos causados por la privatización de los espacios urbanos, el uso mercantil de la ciudad, se propone una nueva perspectiva política denominada derecho a la ciudad”. Cito apenas dos menciones que nos caen como anillo al dedo.
Lo paradójico es que el libro analizado fue escrito hace 50 años. En esa época tan distante algunos intelectuales ya cuestionaban el progreso mal entendido y la modernidad perniciosa en la ciudad. A pesar de ello, y en pleno siglo XXI, seguimos como borregos por el mal camino.
Continúo con Mathivet. Para luchar por el derecho a la ciudad se han formulado manifiestos por diversos mecanismos ciudadanos. Por ejemplo, la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, promocionada por la red Habitat International Coalition (HIC), que fue antecedida por numerosos encuentros y foros internacionales. La carta en cuestión promueve el ejercicio pleno de la ciudadanía, la gestión democrática de la ciudad, y la función social de la propiedad y de la ciudad. ¿Será que cumplimos a cabalidad con todo aquello?
Uno de los organismos más efectivos para difundir y presionar sobre el derecho a la ciudad es Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). En ese organismo están casi todos los países de la región, excepto Bolivia, Haití, Guyana y Surinam. En México 2010 determinaron líneas de acción que las pediría a gritos: una ciudad democrática y autónoma, inclusiva y participativa, con visión de futuro, creativa, una ciudad para la cultura, más limpia, más verde, segura y en paz.
Vivimos en una metrópoli donde los derechos vecinales son permanentemente menoscabados. Como estamos ausentes de esos organismos y está descuartizada la relación nacional, departamental y local, solo nos queda preguntar ¿y ahora, quién podrá defendernos?
