Nuestra Patria ha cumplido 190 años de vida independiente. El 6 de agosto de 1825 fue creada la República de Bolívar (luego Bolivia) y el 7 de febrero de 2009 se consolidó el Estado Plurinacional, etapa ésta que se caracteriza por acelerados cambios en el seno de la sociedad boliviana. Particularmente destacable es el proceso de inclusión social y de reducción de los índices de pobreza, que organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial han reconocido y valorado.
Por supuesto el cambio más importante ha sido el político. Los partidos que dominaron el escenario desde 1982, cuando se recuperó el Estado de derecho, fueron desalojados del poder en las elecciones generales de 2005, cuando el entonces candidato Evo Morales obtuvo el 54% de los votos, porcentaje inédito en la práctica democrática contemporánea. Aunque han reaparecido expresiones político-partidarias desprendidas de los troncos tradicionales, ninguna ha amenazado la estabilidad del gobierno del MAS-IPSP y de las organizaciones sociales que lo sustentan.
Es por ello que el Plan Nacional de Desarrollo (PND), aprobado en 2006, y el Plan Bolivia 2025 apuntan a un solo objetivo: lograr que hasta el señalado año en el que Bolivia celebrará el bicentenario de su independencia se haya conseguido superar los índices de crecimiento y nuestro país se encamine hacia el desarrollo en paz y justicia social. Todo un mérito del gobierno que preside Evo Morales, quien en septiembre próximo será el mandatario que más tiempo ha gobernado el país.
Bolivia ha logrado además consolidar en la Constitución Política del Estado Plurinacional (7/02/2009) las aspiraciones de las mayorías: reconocimiento de la igualdad entre las distintas nacionalidades y la proclamación de nuevos derechos (lo que convierte a nuestra Constitución en una de las más progresistas de Latinoamérica). También debe destacarse que el proceso de descentralización política a través de autonomías departamentales y municipales ha cobrado un nuevo impulso con la aprobación de estatutos autonómicos enmarcados en la CPE, y pronto dichos estatutos serán puestos a consideración del pueblo que los ratificará mediante referendos.
Atrás han quedado los tiempos de los discursos que amenazaban a la unidad nacional o que exacerbaban el regionalismo. Como pocas veces en la historia del país, hoy las bolivianas y los bolivianos miramos con mayor optimismo el futuro. Estamos a diez años de cumplir 200 años de vida soberana y aún queda muchísimo por hacer, pero el horizonte ya no tiene los nubarrones que marcaron diversas etapas de la vida nacional en el pasado. Las Fuerzas Armadas que otrora tomaron el poder político hoy son una institución respetuosa de la Constitución y las leyes.
Sin embargo, un órgano del Estado se encuentra en una situación deplorable, me refiero al Judicial. En lugar de cambiar en tareas propias de esa institución como el despacho ágil de causas o desterrar las lacras de la discriminación y la corrupción, los vicios de la Justicia boliviana se han acentuado, por lo que requieren un urgente cambio de timón. La aprobación del texto constitucional en 2009, que preveía la elección por sufragio directo de magistrados en los altos órganos de administración de justicia, no ha logrado modificar ni un ápice las malas prácticas que se arrastran desde la etapa colonial. Por tanto, es imprescindible iniciar un proceso de cambio profundo en la Justicia, ya que de no hacerlo, los avances que Bolivia ha tenido en materia económica y social corren el riesgo de encontrar serios obstáculos ante un sistema judicial como el actual, donde predominan los intereses de logias y facciones.
Precisamente para encarar la Agenda 2025, el cambio de orientación para hacer de Bolivia un país con una administración de justicia pronta, eficaz y transparente no puede postergarse por más tiempo.
