Las recientes noticias de incautaciones de cocaína en el país, una de las cuales involucra a un oficial de la Fuerza Aérea, nos recuerdan la cotidiana actualidad del narcotráfico y la necesidad de asegurar la mejor vigilancia posible en todos los ámbitos relacionados con este ilícito. El eslabón más monitoreado en esta ilícita cadena es la producción de hoja de coca.
En efecto, el 17 de agosto último, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que las plantaciones de hoja de coca en Bolivia disminuyeron en 11% en 2014, de 23.000 hectáreas (ha) registradas un año antes a 20.400 ha, agregando que es el cuarto año consecutivo que se registra disminución. El representante del organismo de Naciones Unidas no escatimó elogios para el modelo boliviano de reducción y erradicación de cultivos, al extremo de sugerir que otros países imiten el ejemplo boliviano, que incluye, aunque el oficial de la ONU no lo dijo, la expulsión de la agencia antidrogas estadounidense DEA.
Días después de conocerse la noticia, así como las reacciones de optimismo de varios sectores vinculados (incluyendo aquellos que cifran en 20.000 ha la cantidad óptima de superficie cultivada de coca en el país, muy por encima de las 12.000 ha autorizadas por la Ley 1008), se hizo público un informe del Gobierno de EEUU, fechado en julio, que da cuenta de 35.000 ha cultivadas con la hoja andina en 2014. La versión en español de dicho documento provino del Ministerio de Gobierno, que ofreció una traducción no oficial, junto a un documento apuntando a los errores y omisiones del informe estadounidense.
Las reacciones oficiales no se dejaron esperar, y además de los cuestionamientos a la metodología poco clara empleada por el país del norte para medir la superficie cultivada, se dijo que se trata de un informe de orientación política. El Presidente del Estado invitó a las autoridades de EEUU a visitar el país y conocer de primera mano los esfuerzos para limitar el cultivo de coca, y la Cancillería invitó al Encargado de Negocios de la embajada estadounidense a informar sobre el polémico informe y el porqué de la discrepancia con los datos de UNODC.
El resultado de la polémica fue una aparente coincidencia entre el Representante en Bolivia de la UNODC y el diplomático estadounidense sobre la necesidad de comparar metodologías en busca del origen de una discrepancia de datos tan abultada, aunque hasta ahora no se ha conocido de esfuerzos encaminados a celebrar tal discusión en presencia de autoridades del Gobierno boliviano.
Es difícil saber si tal encuentro trilateral tendrá lugar o si, de ocurrir, será público. Lo cierto es que un trabajo más coordinado y eficaz entre quienes tienen la tecnología necesaria para el monitoreo de los cultivos de coca y el resto de la cadena productiva de la cocaína solo le haría bien al país.
