El sábado se conmemoró el Día internacional Contra la Violencia Sexual. En varias ciudades del mundo, representantes de organizaciones en defensa de los DDHH y ciudadanos comunes aprovecharon esta fecha para exigir una lucha más comprometida de parte de las autoridades contra este flagelo, que en el país afecta a un gran número de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Por caso, el último reportaje de Informe La Razón, publicado ayer, da cuenta de que solamente en el departamento de La Paz en los últimos seis años se han denunciado 62 agresiones sexuales contra niñas y niños cometidas en las escuelas presuntamente por profesores varones, principalmente. Sin embargo, tan solo dos de estos casos han terminado con sentencia, el resto ha quedado en la impunidad por diversas razones, como la falta de recursos, la retardación de justicia, acuerdos entre la familia y los acusados o la fuga de los implicados. Esto pese a que en agosto de 2012 se promulgó el D.S. 1302 de Erradicación de la Violencia en las Escuelas, que instruye a los directores departamentales de Educación y a las autoridades del ramo iniciar procesos contra profesores, directores o administrativos de colegios que sean acusados de maltratos contra la integridad física, psicológica y sexual de los alumnos.
Ahora bien, como es de suponer esta impunidad se extiende al resto de las denuncias de violencia sexual que se registran cada año en el territorio nacional (aproximadamente 14.000, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo), de las cuales, siempre según la misma fuente, solamente el 0,04% concluye con una sentencia. En el caso de los menores, las agresiones ocurren principalmente en sus hogares y en los establecimientos educativos, como antes se mencionó. En el caso de las mujeres, la violencia sexual se extiende a los espacios laborales, políticos y sociales.
Una cifra que adquiere ribetes de escándalo si se toma en cuenta que la mayoría de estos delitos no se denuncian, ya sea por vergüenza, por temor o el desconocimiento de las normas, pero también y sobre todo por la falta de confianza en la Policía y en el sistema judicial, instituciones que tienden a culpabilizar a las víctimas de su propia desgracia, obligándoles por ejemplo a revivir una experiencia humillante y traumática. De allí la importancia de reestructurar los dispositivos policiales y judiciales que hoy por hoy funcionan únicamente en favor de quienes tienen los recursos necesarios para hacer andar sus corridos engranajes.
Asimismo, se deben contrarrestar con urgencia las condiciones que hacen posible esta forma de violencia en el país, con especial incidencia en el ámbito de la educación, como la percepción entre no pocos varones de la imagen de la mujer como un objeto con fines reproductivos y de entretenimiento masculino. Solamente así se podrá acabar con la violencia sexual contra las mujeres, niñas y niños.
