Hace poco más de una semana, el Gobierno, mediante el Decreto Supremo 2507, dispuso el cierre de la Empresa de Construcciones del Ejército (ECE), luego de haber rescindido contratos en varias obras adjudicadas por incumplimiento. Fuera del daño causado al erario público, la fracasada empresa castrense puede dañar severamente la imagen de las Fuerzas Armadas.
En efecto, el lunes 7 se anunció que el cierre de la ECE debe ejecutarse hasta el 30 de septiembre y que hasta esa fecha, según establece el citado DS, la empresa “contará con un equipo mínimo de trabajo, que le permita realizar las actividades finales, el cual estará conformado por su gerente general y personal profesional del Ejército”. El decreto dispone también que sea la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena) la que se haga cargo de los “pasivos contractuales, aduaneros, tributarios, laborales y sociales generados por la ECE hasta su cierre”, lo que incluye más de Bs 1 millón en deudas laborales. El problema es que esta institución castrense tampoco puede preciarse de su buena gestión, pues cuatro de las siete empresas a su cargo son deficitarias.
Entre los contratos rescindidos figuran el que firmó con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para la construcción del tramo Unduavi-Chulumani, que está demorado en su ejecución, así como el de la construcción del aeropuerto en Copacabana, rescindido en marzo de este año cuando el Ministro de Obras Públicas reveló que la empresa estaba “prácticamente en quiebra”.
Creada en 2012, la ECE inició operaciones en junio de ese año con un capital de $us 40 millones, que a la fecha se han convertido en un déficit aproximado de $us 100 millones. El DS 2507 dispone que el Ministerio de Defensa inicie “todas las acciones legales que correspondan contra las y los responsables de la gestión de la ECE”. Al respecto, el titular de esa cartera de Estado anunció que el Gobierno iniciará querellas penales en contra de 17 funcionarios, entre civiles y militares, agregando que la medida es una sanción inmediata en contra de los responsables de la “catástrofe económica” y que la Contraloría también tomará cartas en el asunto.
Al mismo tiempo se supo que el Ministerio Público había iniciado la investigación al respecto hace cuatro meses, declarando el caso “en reserva” y estableciendo la posibilidad de prolongar la indagación por otros 120 días. Lo que llama la atención es el secretismo con el que se trabaja el tema, habida cuenta de que no se trata de alguna de las actividades relacionadas con la seguridad del Estado, propias de las FFAA, sino del fracaso en la ejecución de obras civiles que se financian con dinero público. Urge, pues, garantizar la máxima transparencia en este caso, ya que por encima del honor de las Fuerzas Armadas está en juego la buena fe del Estado.
