Días atrás, el Gobierno remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un anteproyecto de ley para prevenir que las personas boten basura en las calles. Una de las principales medidas para evitar esta mala práctica es la aplicación de multas que, dependiendo de la gravedad de la infracción, pueden ir desde Bs 828 hasta Bs 66.240. La pregunta es ¿funcionará?
En efecto, prácticamente todo el mundo ha visto la escena: una persona cualquiera consume un caramelo o unas galletas y sin pensarlo siquiera arroja el envoltorio al piso; el caso se repite no solo con otros alimentos, sino también a escala, cuando un vecino cualquiera olvida las horas de recojo de basura y abandona sus residuos sólidos (con suerte en una bolsa) en cualquier esquina hasta que pasen los empleados de la empresa de aseo urbano. O peor, cuando alguien hace refacciones en su vivienda y a falta de una mejor idea deja los escombros en cualquier calle.
Se trata, pues, de una costumbre tan extendida que para muchos es hasta natural, a menos que los desechos le impidan transitar libremente o ensucien su fachada, que es cuando se escuchan las quejas contra las autoridades que no hacen nada o contra las personas desconsideradas con su vecindario. Sin embargo, eso no logra cambiar actitudes. A estas situaciones, estereotipadas, se puede agregar como agravante el hecho de que los gobiernos municipales ponen basureros públicos en lugares selectos de las ciudades, sobre todo porque está sobradamente demostrado que no faltan personas que se dedican a destrozar este tipo de bienes públicos ni bien son puestos en las calles.
El proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos fue elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, cuya titular explicó que en el país se generan 1,7 millones de toneladas de basura al año, señalando que “el objetivo es priorizar la prevención para reducir la generación de residuos y velar por la Madre Tierra”.
En el caso de la basura que inunda las calles, la norma establece tres clases de faltas: las leves, entre ellas arrojar, abandonar o enterrar residuos no peligrosos en vías o áreas públicas; las graves, como depositar o abandonar residuos especiales en lugares no autorizados y quemar desechos no peligrosos; y las gravísimas, que se dan cuando se entierra, deposita o abandona residuos peligrosos (fármacos, pilas, baterías, focos, lámparas, luminarias) en lugares no autorizados o se mezcla esta basura con residuos no peligrosos.
La iniciativa en sí misma es digna del mayor encomio, pues por fin el país contará con una extensa norma que especifique el modo de tratar la basura; sin embargo, cabe hacerse la pregunta que aplica a casi todas las leyes de similar carácter: ¿quién se hará cargo de asegurar su cumplimiento? El problema de la basura tiene que ver con la cultura, pero también con las instituciones.
