Seguramente para nadie es desconocido que el transporte público en La Paz, al igual que en prácticamente todas las ciudades principales del país, es deficiente, insuficiente y caótico; y aunque en la ciudad sede de gobierno se están implementando los dos sistemas de transporte más modernos del país, todo apunta a que el problema de fondo no será resuelto pronto.
En efecto, desde hace al menos dos décadas que las autoridades regulatorias del servicio de transporte urbano de pasajeros (antes Superintendencia, hoy Autoridad de Regulación y Fiscalización) saben que el problema central está en el tipo de vehículos que se emplean para transportar pasajeros, pues los penosos trufis y minibuses, que por su cantidad congestionan las ciudades, no pueden satisfacer las necesidades de eficacia y eficiencia que solo los medios de transporte masivo logran. En este mismo espacio se han publicado innumerables reflexiones al respecto.
Una de las causas de este estado de cosas está en la estructura empresarial-sindical del transporte urbano, que además de significar que hay miles de personas que tienen su fuente de ingresos en el transporte (lo cual, además, implicaría un conflicto social de magnitudes si se restringe la circulación de los vehículos ineficientes), se traduce en un virtual monopolio del uso de las vías urbanas y la concesión de rutas en manos de las poderosas federaciones de transportistas, en franca vulneración de las normas sobre la materia, comenzando por las disposiciones constitucionales.
La prueba más reciente de lo señalado ha surgido días atrás cuando un grupo de choferes denunció a este diario que los dirigentes de un sindicato cobran hasta $us 2.000 por permitirles trabajar en las rutas ya establecidas, con el pretexto de que con el dinero recaudado se pagaría a la Alcaldía de La Paz para que permita la creación de tres nuevas líneas, lo cual pronto se demostró falso.
Respecto de los modernos sistemas La Paz Bus y Mi Teleférico, lo que era símbolo de orgullo para la población paceña, corre el riesgo de convertirse en una nueva muestra de lo peor de la cultura política en el país, pues el Gobierno Municipal, responsable del sistema de buses, y la empresa pública, responsable del transporte por cable, llevan semanas enfrascados en una contienda por la instalación de una de las nuevas líneas, lo que ha degenerado en una larga serie de acciones de comunicación (que incluyen la publicación de solicitadas y separatas en medios de prensa) para desacreditarse mutuamente.
El resultado es que se hace evidente que los usuarios del transporte no aparecen como la preocupación central de ninguno de los prestadores del servicio, sino como rehenes de los objetivos de corto plazo de unos y otros. Lo verdaderamente triste es que es posible cambiar ese estado de cosas, pero no parece que vaya a suceder pronto.
