En La Paz, cada día, 17 niños y niñas sufren algún tipo de violencia. De enero a julio, la Alcaldía registró 3.750 casos de agresiones a menores de edad, 1.010 de ellos con violencia psicológica, 111 casos de ataques sexuales y 98 bebés abandonados.
Hace siete semanas, la Defensoría del Pueblo apuntó que diariamente se registran 16 denuncias de menores de 12 años agredidos sexualmente. Este número fue refutado por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, instancia que prometió tener un dato real. Una cifra menor, por lo que estimó.
La mayoría de los estudios identifican a los hogares y a las unidades educativas como los lugares donde se ejerce mayor violencia contra los niños; siendo los progenitores, familiares cercanos y maestros los principales responsables de este lamentable fenómeno.
Tras las alarmantes cifras de violencia contra niños, niñas y adolescentes que se registraron en el municipio de La Paz, algunas autoridades locales empezaron a trabajar en la prevención de este fenómeno, a través de talleres dirigidos no solo a maestros y alumnos, sino también a padres de familia.
No sobra recordar que el principal paraguas de protección contra la violencia a los menores en el país es la Ley 548, del nuevo Código Niña, Niño y Adolescente, promulgado en 2014. Bajo esta normativa, la Resolución 001/2015 del Ministerio de Educación perfilaba implementar una política de cero tolerancia contra el acoso (bullying) en las escuelas.
Dicha normativa le permitió a la Defensoría del Pueblo intervenir en 15 unidades educativas de La Paz, realizando primero un diagnóstico sobre el estado de la situación, para luego abordar la problemática. Paralelamente se impulsó la conformación del Defensor del Estudiante, a cargo de un alumno con la responsabilidad de captar las problemáticas de sus pares.
A su vez, autoridades de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se comprometieron a contribuir en la erradicación de la violencia en las escuelas, con la “prestación” de los estudiantes de Psicología para la atención de casos.
¿Serán suficientes estas iniciativas para erradicar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes de La Paz en particular y del país en general? Al respecto, considero que muchas de estas propuestas apuntan principalmente a identificar tanto a los agresores como a las víctimas; sin embargo, no se apunta a trabajar en los espacios donde los menores son más vulnerables a la violencia; es decir, en los hogares y en las aulas de las escuelas.
