En mi ventana hoy brilla el sol. Escucho los pájaros, el sonido de los autos, el ruido. Son las 7 de la mañana y a lo lejos distingo muchas personas, todas afanadas por llegar a sus destinos. El cielo está sin nubes, pero, a pesar de ello, la mayor parte de la gente está envuelta en varias capas de ropa, o al menos llevando una chamarra en sus manos. Para quienes estamos familiarizados con la volubilidad actual del clima, esto no es una novedad. Sabemos que bien podemos pasar de un calor abrasante a una torrencial lluvia, o una nevada, y con suerte, un bello arcoíris. Todo en menos de 24 horas.
Ante tal incertidumbre, surge uno de los primeros desafíos de la jornada. ¿Cómo estar preparado o preparada para las caprichosas posibilidades del clima de nuestra ciudad? Para responder a esta pregunta por lo general utilizamos dos tipos de información: información externa, como la predicción del clima, y la información nacida de la experiencia propia, nuestra observación e intuición, aunque algunos, como mi tía, usan su rodilla para saber si va a llover.
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Sin duda, esta tarea no es una ciencia exacta. Hasta la mejor planificación requiere ser ajustada en función de los imprevistos que pudieran surgir. Algo similar ocurre con las organizaciones y las entidades estatales. Durante los meses de julio a septiembre se van planificando los objetivos y recursos para la gestión siguiente. Sin embargo, durante la gestión de ejecución pueden surgir distintas eventualidades que demanden el ajuste de la planificación inicial, razón por la cual el presupuesto tiene entre sus principios el de flexibilidad. Así como durante el día el clima puede cambiar, es también posible que suframos de algún accidente, o siendo más positivos encontremos dinero, también por accidente. Estas situaciones nos impulsan a modificar lo previsto, a adaptarnos constantemente.
De la misma manera, durante la ejecución es posible que las instituciones perciban ingresos extraordinarios, obtengan nuevos financiamientos o enfrenten situaciones imprevistas que obliguen tanto la modificación de las prioridades como los recursos destinados a ellas. Para estos casos, algunas modificaciones pueden ser realizadas directamente por la institución, no obstante, algunas requieren de la intervención de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya que deben ser aprobadas por ley.
Por esta razón, cada año, las entidades que lo necesiten envían un proyecto de presupuesto reformulado, el cual es centralizado y enviado a la Asamblea para su revisión y aprobación. Justamente ahora, en este momento, está en tratamiento el reformulado del presupuesto 2023. Gobernaciones, municipios, universidades y otras instituciones se encuentran a la espera de la aprobación de esta normativa para cumplir sus objetivos y ejecutar sus recursos.
Entre muchos proyectos, es urgente que la Asamblea revise estas modificaciones y permita su viabilización, ya que entre más se demore, menos tiempo tendrán las entidades para su ejecución antes de fin de año. La aprobación, entre otras cosas, permitirá la inscripción de recursos adicionales, y que estos se asignen a las necesidades que están surgiendo, por ejemplo, aquellos relacionados a apoyar a proyectos productivos y a mitigar los efectos del cambio climático.
Al respecto, también vale la pena reflexionar sobre la asignación de gastos enfocados a prevención y resiliencia, dos conceptos que deben ser incluidos por las instituciones en todos los niveles. El cambio climático es un problema real, negarlo sería negar los bruscos cambios de temperatura y desastres naturales en nuestras regiones que nos obligan a salir a la calle preparados para las cuatro estaciones del año.
Esperemos que la Asamblea pueda tratar a la brevedad esta normativa. Hasta entonces, alisto mi paraguas. Mi tía dice que lloverá y espero, por nuestro bien, que así sea.
(*) Judith Apaza es auditora financiera
