Existe una corriente muy fuerte de pensamiento en América Latina que condena el extractivismo, entendido, según Gudynas (Extractivismos, 2015), como “un tipo de extracción de recursos naturales en gran volumen o alta intensidad y que están orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar o con un procesamiento mínimo”. Este enfoque simplifica el actual proceso de cambio económico, político y social en la región, limitándose a clasificar a los gobiernos entre “extractivistas conservadores reajustados” (Colombia, Chile, México, Perú y Paraguay) y “extractivistas progresistas” (Argentina. Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela), concluyendo que ambos son depredadores.
El enfoque se centra en el diagnóstico del extractivismo y en la crítica contundente a sus implicaciones depredadoras ambientales. Sin embargo, la parte propositiva es mínima y aparece como reflexiones finales.
Así, plantea que para salir de la dependencia extractivista hay que buscar “una alternativa al desarrollo” (tremenda tarea), y mientras tanto son necesarias unas “transiciones extractivistas”, al extractivismo “sensato” para llegar a “extracciones indispensables”. En esta fase desaparecería el extractivismo como tal y, cándidamente, propone que “los usos de recursos naturales estén enfocados en las necesidades y demandas genuinas de los latinoamericanos, y no como alimento a un mercado global de consumo”. En el caso boliviano, ya estaríamos en este punto, ya que las exportaciones de hidrocarburos satisfacen demandas genuinas de energía de brasileños y argentinos.
Como clara expresión de “voluntarismo económico” postula que: “en este caso, la apropiación de recursos naturales alimenta procesos productivos organizados y ordenados bajo otras perspectivas (¿cuáles?), dejan de estar restringidos a la valoración económica (¿qué tipo de valoración se utilizará, fuera del mercado?) y los patrones de consumo se basan en balances entre austeridad y calidad de vida (¿quién establece el balance el estado central o la asamblea?)”.
Gudynas se equivoca en el análisis del caso boliviano, que dice tiene muchas similitudes con el Plan de Buen Vivir (2009) del Ecuador, que propone dos pasos, primero extractivismo y después atender las condiciones sociales y ambientales. En primer lugar, el Plan Nacional de Desarrollo del Vivir Bien se elaboró en 2006, mucho antes que el Buen Vivir ecuatoriano. En segundo lugar, postulaba satisfacer las condiciones materiales y espirituales en armonía con el medioambiente y la comunidad, en forma simultánea, no por etapas. En tercer lugar, simultáneamente el excedente económico debería reinvertirse en el sector estratégico en su industrialización; destinarse a la diversificación económica en el sector intensivo en mano de obra como agricultura, industria, turismo; y asignarse al sector social para disminuir la pobreza a través de bonos y recursos fiscales.
Sin embargo otra cosa es con guitarra, cuando se está en la toma de decisiones en la gestión pública, donde es necesario hacer los cambios con el motor en marcha. No se puede decir paremos el carro, busquemos otro motor, pero además esperemos a que nos digan cuál es el “otro desarrollo”, puesto que estamos insertos, queramos o no, en un mercado global, en la economía-mundo capitalista.
Sinceramente, el enfoque antiextractivista peca del voluntarismo mesiánico y de principios del socialismo utópico, y lamentablemente los pueblos y la Madre Tierra esperan respuestas inmediatas y concretas.
