Una vez más, la ciudad de La Paz ha sido víctima del abuso de los sindicatos de choferes del transporte urbano de pasajeros, que ejecutaron un paro de labores con esporádicos bloqueos. Si bien esta vez no hubo la violencia habitual en este tipo de movilizaciones, la contundencia de la medida fue evidente en las calles vacías y en las actividades cotidianas frustradas.
No es la primera vez que los choferes castigan a la población y, a juzgar por las amenazas de ayer, tampoco la última. El problema, como ya se ha comentado muchas veces en este mismo espacio, tiene menos que ver con la justicia detrás de la demanda del gremio de los transportistas que con las condiciones en las que brindan el servicio público. Esta vez, a diferencia de las anteriores negociaciones entre el Gobierno Municipal y los dirigentes del gremio, sí se ha puesto sobre la mesa el tema de la calidad del servicio, pero los aludidos han evitado dar respuesta a este asunto.
Si bien todas las culpas parecen recaer en el gremio de los transportistas, pues encarnan muchos de los peores defectos del mal ciudadano (completa falta de respeto a las personas, a la pacífica convivencia y a las normas), lo cierto es que el lamentable estado del sistema de transporte de pasajeros, en La Paz así como en todas las capitales del país, es también producto de la falta de una regulación efectiva por parte del Estado.
No puede negarse que la introducción de las empresas de buses municipales La Paz Bus y de transporte por cable Mi Teleférico ha cambiado la vida de miles de habitantes de La Paz y El Alto, pero también es evidente que ni siquiera ambos combinados pueden resolver por completo la demanda de transporte en la ciudad. La situación política solo empeora este panorama, pues los gestores de ambos servicios públicos los usan como “arma” política, olvidando que en el camino los afectados siguen siendo los usuarios.
En medio de esa querella, los choferes de micros, minibuses y trufis aprovechan la completa ausencia de regulación para imponer su criterio y prestar el servicio en condiciones indignas e indignantes. Cuando el Gobierno Municipal intentó poner orden siquiera en el tráfico vehicular, la Policía se opuso, con la velada aquiescencia del Gobierno nacional, e, irónicamente, permitió que el desacato a la norma se profundizara, condenando a la impotencia al gobierno local. El ente regulatorio, antes Superintendencia, hoy Autoridad, nunca cumplió su deber y no parece tener intención de hacerlo.
Hoy la población acusa cansancio y malestar con este estado de cosas, pero además de la movilización callejera, como la organizada el miércoles último, que tiene el grave defecto de poder degenerar en violencia, no puede hacer mucho. Urge, pues, que el Estado se haga cargo del problema y lo resuelva. Tal vez la mejor solución sea “nacionalizar” el servicio de transporte de pasajeros.
