En los últimos días, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha decidido destituir a la última de los vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca, extinguir el caso por deficiencias de cómputo que implicaba a aquélla y a otros cuatro colegas suyos, y, además, reglamentar la convocatoria al referéndum constitucional de febrero.
Las primeras determinaciones fueron consecuencia de un proceso iniciado por una asambleísta de Chuquisaca Somos Todos (CST), que alegó que las autoridades electorales departamentales no informaron a tiempo acerca de una resolución del TED que obligó a la exclusión de 9.070 votos a favor del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y, consiguientemente, permitió la elección del actual gobernador Esteban Urquizu, del Movimiento Al Socialismo (MAS), en los comicios subnacionales de marzo.
Las razones de esa actuación, consideradas como “faltas muy graves” por el TSE, aún son motivo de repercusiones, pues ahora los sectores opositores al MAS exigen la renuncia de la autoridad departamental, al considerarla ilegítima.
No es un caso menor, pero los vocales actuales del TSE dieron su palabra en ese sentido, a diferencia de sus predecesores, que omitieron resolverlo.
La decisión del tribunal electoral sobre el TED de Chuquisaca, cuya conformación quedó pendiente para después del referéndum, coincide con la organización de la consulta del 21 de febrero de 2016, gestión que amerita la mayor responsabilidad, determinación y credibilidad posibles, ante los constantes reparos, a veces injustos, sobre el Órgano Electoral.
Que haya limitado la difusión de la entrega de obras 30 días antes de los comicios, es un avance. Que haya prohibido el uso político de la demanda marítima y las campañas de funcionarios públicos fuera de horario de trabajo, es meritorio. Que haya emitido una primera amonestación —a la empresa Mi Teleférico, por inducir al voto—, es una importante señal.
Ante la necesidad de un control ciudadano sobre sus actuaciones y, en muchas ocasiones, el acoso de parte de dirigentes y organizaciones políticas de oposición, que hasta falsean la información en su contra (un senador de Unidad Nacional mostró material de un empadronamiento anterior como si fuera actual), el TSE requiere de la madurez digna de la administración de un proceso electoral gravitante para la marcha del país y la preservación de su democracia.
Su rol en el referéndum, que permitirá o no la modificación de la Constitución Política del Estado para validar o no la repostulación del Presidente y del Vicepresidente del Estado Plurinacional, será histórico. Por lo tanto, como institución rectora de la emisión del voto para el apuntalamiento de la democracia, el TSE necesita imponer autoridad en función de su trabajo profesional, técnico y neutral. Así lo esperan los bolivianos.
