Un reportaje publicado ayer en La Razón muestra que de cada cien policías, ocho tienen procesos disciplinarios. Nada menos. Se trata de una situación interna seria en la institución policial del país, agravada por la ausencia de sanciones y, en su caso, la discrecionalidad de las mismas. Si a ello se agrega la carencia de norma, el problema tiende a ser un mal endémico.
La reestructuración de la Policía Boliviana constituye una asignatura pendiente no solo en el ámbito de las transformaciones realizadas en la última década, sino de todo el periodo democrático. Pese a los reiterados anuncios de cambio lanzados, sucesivamente, por ministros y comandantes policiales, dicho cambio no llega. Hubo intentos de reforma, ciertamente, e incluso algunas políticas públicas en la materia, pero el resultado ha sido insuficiente. Muchos factores contribuyen a tal inercia.
El mencionado dato de los procesos disciplinarios contra efectivos policiales es solo una expresión de la crisis en la institución verde olivo. La Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi) prácticamente ha sido rebasada con causas por diferentes faltas. Muchas de estas causas están rezagadas; otras, paralizadas. Y al parecer existe un trato diferenciado de las denuncias si se trata de oficiales, más todavía si son de alta graduación, o si los implicados son policías subalternos.
Esta situación tiene correlato con la ausencia de una norma inequívoca para el procesamiento disciplinario y, cuando corresponda, la sanción a los efectivos policiales. La aplicación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana quedó en suspenso desde el año 2012 por presión de un motín policial. Así, esta norma no se aplica, y tampoco hay otra que la sustituya. Existe una propuesta, según informó el Ministro de Gobierno, pero sigue en proceso de análisis y consulta.
En todo caso, más allá de los sumarios disciplinarios y de la fragilidad normativa en este campo, urge una reestructuración profunda. ¿Cómo lograr el fortalecimiento de una institución que, en lugar de velar por la seguridad ciudadana, pareciera generar, más bien, sensación de inseguridad? ¿Qué debiera pasar para que la Policía, junto con el Órgano Judicial y el Ministerio Público, dejen de estar en los niveles más bajos de confianza y credibilidad ciudadana? ¿Qué hacer?
Desde hace tiempo el diagnóstico muestra la necesidad de cambios integrales y sustantivos en la Policía Boliviana. La agenda de reformas parece evidente: erradicar la corrupción en sus filas, mejorar las condiciones laborales (empezando por mejores salarios) y, claro, transformar el sistema de formación policial. Para ello ciertamente no bastará una nueva ley. Ni parece suficiente que la reforma esté sujeta a los cambios en la justicia hoy postergados sin fecha. Corre tiempo de debate público.
