Causó sorpresa, primero, y sensaciones de malestar e indignación, después, la decisión de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de brindarse un curso de 30 días en China. Es probable que dicho curso, del cual no se tiene noticia, sea importante y hasta útil, pero el problema es que la ausencia de los magistrados deja sin quórum al TCP y, por tanto, durante un mes, lo paraliza. Como si no tuviesen bastantes procesos pendientes.
El TCP ha sido criticado en el último tiempo por la lentitud y la demora en sus resoluciones. Este rezago es evidente sobre todo en las declaraciones de constitucionalidad de estatutos autonómicos y cartas orgánicas. No hay que olvidar que el control de constitucionalidad, por ejemplo, de los estatutos de las autonomías indígena originario campesinas, tardó hasta 14 meses. Nada menos. Hay otros casos detenidos, sin sentencia constitucional.
Por ello, resulta injustificable que el quórum mínimo del TCP (cuatro de siete magistrados), en lugar de estar sesionando en su sede en la ciudad de Sucre, se haya trasladado por un mes a la República Popular China. “Lo considero inmoral, abusivo e indecente”, cuestionó el vicepresidente García Linera. Se trata de una nueva señal de la crisis de la administración de justicia ordinaria y de la indolencia de la administración de justicia constitucional.
