El cabildo del martes, con menos incidentes de lo que se temía, ha servido para publicitar una agenda que, a tiempo de tocar los temas álgidos para la gestión gubernamental, incluyendo “mandatos” a las autoridades electas, plantea una suerte de refundación del Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos. La división está planteada y cada acto político la profundiza.
Fue un acto multitudinario al que faltó una nutrida delegación de los movimientos sociales de Santa Cruz debido a un injustificado bloqueo de carreteras en tres puntos del Trópico cochabambino; el Ministro de Gobierno señaló que se trataba de un boicot al evento de El Alto y señaló que hubo violencia y heridos. El Ministro de Obras Públicas denunció que los bloqueos contaron con maquinaria del Servicio Departamental de Caminos cochabambino y anunció sanciones a los responsables.
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Sin embargo, y al margen de los obstáculos y amenazas que circularon en la víspera, el cabildo de las organizaciones sociales que se dicen excluidas del ala del MAS que se reunió días atrás en Lauca Ñ fue multitudinario y sirvió de marco para reiterar las consignas de defensa al Gobierno electo en octubre de 2020, de rechazo al congreso del MAS donde “no había ponchos, no había chicote, no había pollera ni guardatojos”, como arengó un dirigente campesino de La Paz y, sobre todo, para presentar el “manifiesto político del Cabildo del Pueblo”.
El documento, entregado al Presidente, quien se comprometió a cumplirlo, tiene 20 puntos, que abordan diversos temas próximos a la coyuntura, comenzando por el asedio del propio MAS al gobierno de Arce. Los puntos 1, 4 y 5 marcan la ruptura con la facción liderada por el expresidente Evo Morales: se declaran en emergencia, desconocen el congreso de Lauca Ñ y piden convocar uno nuevo.
Los puntos 2 y 3 apuntan a una refundación del instrumento político, dirigido por las “organizaciones sindicales y sociales de Bolivia” y con una “comisión política transitoria” llamada a elaborar una “tesis política”. Concomitantes con esta pretensión, están los puntos 9, 10 y 11, que señalan la necesidad de un nuevo gabinete, luego de una evaluación y ajuste, y de “desterrar la corrupción y la burocracia”.
En el punto 8, conminan a la Asamblea Legislativa a aprobar “las leyes que beneficien al pueblo y exigir su respaldo a las políticas públicas sin obstaculizar la gestión”. Al Judicial le demandan “la reforma total del sistema de justicia en Bolivia”. Y a los vocales del Tribunal Supremo Electoral “mantener la independencia política partidaria”, pero también presentar el informe sobre el congreso del partido en Lauca Ñ.
A simple vista, se trata de un documento cuidadosamente labrado, que debería servir como agenda gubernamental (también se instruye industrialización, lucha contra el narcotráfico y sendas cumbres de salud y educación) y como norte al cual orientar la visión, lo cual ayudaría a recuperar la confianza de la población.
