De las muchas formas que adopta en Bolivia la falta de acceso a la justicia, una de las menos conocidas es la que padecen los mineros pequeños cuando sus concesiones son tomadas. El más reciente reportaje publicado en nuestro Informe La Razón muestra que quienes han perdido sus propiedades a manos de avasalladores tienen poca o ninguna probabilidad de recuperarlas.
En efecto, los registros de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), muestran que entre 1997 y 2014 se presentaron 511 denuncias por invasión, bloqueo u obstrucción de actividades mineras, de las cuales 200 resultaron probadas y fueron remitidas al Ministerio Público para su investigación. Sin embargo, ninguna de las investigaciones recibió una sanción penal hasta ahora, pese a la instalación de juicios y la vigencia, desde 2013, de la Ley 367 contra el Avasallamiento de Minas, que incorpora la ocupación ilegal de predios mineros y castiga el delito con entre cuatro y ocho años de privación de libertad, y con entre tres y seis años por compraventa irregular de minerales.
Autoridades en la materia y fiscales consultados señalan tres razones fundamentales para este preocupante panorama: retardación de justicia, agravada por las artimañas legales que emplean los acusados para dilatar los procesos; dificultad de acceder a los lugares donde ocurren las tomas, lo que impide recolectar pruebas del delito; y el costo económico, por no mencionar el emocional, del proceso, agravado por los conocidos males del sistema de administración de justicia.
En la gran mayoría de los casos, las tomas son realizadas por comunarios vecinos a las concesiones mineras, que se consideran legítimos propietarios de las riquezas minerales, pese a que la Constitución y las leyes señalan claramente que éstas son de dominio del Estado, que a su vez las otorga mediante procedimientos claramente establecidos a los mineros solicitantes. Por esta razón, son frecuentes los casos en los que la Policía se ve imposibilitada de actuar pues debe hacer frente a la aguerrida oposición de los avasalladores.
También destaca el hecho de que en todos los casos las tomas implican no solo la apropiación ilegal de los terrenos donde se desarrolla la actividad minera, sino también de los equipos de trabajo, lo que significa que hay una clara intención de apropiarse de inversiones ajenas para beneficiarse de sus frutos y no una de defensa de los recursos naturales.
Así, las autoridades estatales y las organizaciones que agrupan a los mineros se muestran impotentes ante el fenómeno de los avasallamientos y las tomas generando una clara situación de inseguridad jurídica que afecta al conjunto de la actividad minera. Urge, pues, que se encuentren mecanismos efectivos para cumplir la ley y, sobre todo, sentar precedentes que desincentiven este delito y afiancen el estado de derecho.
