Como si quisieran demostrar que la crisis en el Órgano Judicial aún no tocó fondo, semanas atrás cuatro de los siete magistrados titulares del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dejaron a la institución sin quórum por viajar a China durante un mes, para una serie de cursos de capacitación, paralizando las labores del máximo órgano de justicia del país.
Según un documento al que tuvo acceso La Razón, los magistrados viajaron a Pekín para un seminario que contempla los siguientes temas: la estructura del Gobierno chino y las reformas al sistema administrativo, la situación microeconómica, teoría y aplicación de la administración pública, la política exterior de China, y las estrategias y políticas en la paliación y reducción de la pobreza en China, temas que, evidentemente, caen fuera del ámbito de trabajo de los magistrados.
Claramente el momento, el lugar y la temática del viaje sitúan a los magistrados en un espacio muy alejado de las preocupaciones de la ciudadanía y, en particular, de la población litigante, que sufre cotidianamente los problemas de retardación de justicia, discriminación, mal trato, costos monetarios injustificados y, encima de todo, corrupción. Las declaraciones que algunos magistrados hicieron a la prensa al regresar de su inexplicable viaje no ayudaron a aclarar la situación y, por el contrario, hicieron más evidente el divorcio entre las autoridades y las necesidades de la población.
En medio del escándalo, ni bien llegaron a Bolivia, los magistrados que salieron de viaje no tuvieron mejor idea que destituir al colega que hizo público su viaje, retirándolo de sus funciones como presidente de la Comisión de Admisión y Director de la Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales. Esta actitud provoca un sinnúmero de sospechas sobre las normas no escritas del comportamiento de los magistrados del TCP. Aparentemente el mensaje es que no se acepta hacer público el motivo de la paralización del tribunal durante un mes, y este comportamiento puede ser penalizado.
La calidad de las autoridades judiciales ya provocó una reflexión en el Órgano Ejecutivo, cuando el Presidente del Estado asumió que la elección por voto popular había sido un error. El Vicepresidente, por su lado, calificó la actitud de los juristas como injustificable, inmoral, indecente y abusiva.
La opinión pública tiene muy poco que esperar de sus autoridades judiciales, cuando cada día que pasa el sector genera nuevas noticias negativas. Confiamos en que los responsables de la esperada reforma de la Justicia analicen este caso y extraigan las conclusiones pertinentes para una verdadera reingeniería del sector. La hasta ahora demorada Cumbre Judicial podría ser el escenario óptimo para dicha reflexión y para encontrar un camino hacia la transformación. Solo falta la voluntad política para que esto suceda.
