La que acaba ha sido una semana intensa en Brasil, cuyo punto álgido ocurrió el martes, cuando la petición de destitución (impeachment) en contra de la presidenta Dilma Rousseff fue aceptada por la Cámara de Diputados y se conformó una comisión para tratar el tema, aunque luego el Tribunal Supremo detuvo el proceso por encontrar errores de procedimiento.
Además, antes de eso, el lunes, se filtró una nota de su vicepresidente, Michel Temer, líder del partido PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño, aliado del PT), lamentando que no sentía ni la confianza ni el espacio político que merecía en el Gobierno.
Asimismo, el miércoles, Rousseff tuvo una reunión con su Vicepresidente, y acto seguido, él declaró públicamente que el impasse había sido superado.
El origen de este particular momento está en el escándalo de corrupción en Petrobras, un problema que ocupa a la opinión pública brasileña desde hace tiempo.
Fue en el transcurso de 2014 cuando la Justicia de Brasil empezó a operar y salió a la luz pública que una cantidad aún indeterminada de empresarios y de políticos están involucrados.
El escándalo comenzó tras el descubrimiento de que varias empresas proveedoras de Petrobras habían inflado artificialmente sus costos para cobrar sumas extraordinarias que terminaron en los bolsillos de connotados políticos brasileños, quienes actuaban como recaudadores partidarios.
Hasta el momento, se han identificado 23 firmas y cerca de 40 congresistas que podrían estar involucrados en el caso. En medio del torbellino, dimitió la plana ejecutiva de la empresa estatal y se encarceló a Joao Vaccari, extesorero del PT
También se encontraron indicios de que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB), habría recibido millonarios sobornos provenientes de las maniobras delincuenciales en Petrobras y se sospecha que depositó el dinero en Suiza; por ello, la propia Cámara reactivó esta semana un proceso para separarlo del Parlamento; proceso que Cunha pudo entorpecer exitosamente por el momento.
Y fue precisamente Cunha quien impulsó desde la Cámara Baja el juicio político a Rousseff, con acusaciones de maquillaje fiscal de las cuentas de la nación. El partido de Cunha y del vicepresidente Temer es una de las fuerzas más poderosas en el Parlamento brasileño y su posición será determinante en el juicio político contra la Mandataria.
Los conflictos políticos en el vecino país son densos y complejos. Por ahora, las señales apuntan a una frágil estabilidad política, pero los dos polos de mayor tensión —el juicio político a Rousseff y el proceso contra Cunha— están detenidos a la espera de que se cumplan los procedimientos legales adecuadamente. Por el bien de Brasil y de toda la región, es de esperar que la salida a la crisis se decida en el marco de la democracia y la legalidad.
