La semana pasada, el comandante del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) de El Ato, Juan Carlos Tapia, fue detenido en posesión de 42 kilos de cocaína. Pese a la gravedad y flagrancia del delito, la jueza que conoció el caso, Vivian Patricia Gonzales, le otorgó apenas medidas sustitutivas. El hecho ha reabierto el debate sobre la Justicia, el narcotráfico y la Policía.
¿Cómo es posible, se preguntan las autoridades y la ciudadanía, que una jueza, cuya investidura demanda precisamente administrar justicia, otorgue libertad a un alto jefe policial vinculado con el narcotráfico? ¿Acaso no es prueba, o al menos evidencia suficiente, que este coronel haya sido descubierto con decenas de kilos de droga en su domicilio? Y no es el primer caso de este tipo en el país. Algo está muy descompuesto en el sistema judicial y, claro, en filas de la Policía Nacional.
El bochornoso caso del comandante del Gacip y la jueza de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz provocó la indignación ciudadana y la pronta reacción de algunas autoridades. Ello derivó en la detención de la magistrada Gonzales y su acusación por prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. También se aprehendió nuevamente al comandante Tapia, esta vez por no presentarse a una audiencia. Ahora la jueza y el coronel tendrán que rendir cuentas ante la Justicia.
Más allá del rumbo que vaya a tomar este asunto en los estrados judiciales, es fundamental alertar respecto al grado de penetración que puede tener el narcotráfico en altos mandos policiales y en fiscales y jueces. Y las redes entre ellos, además de nexos en otros países. La Fiscalía investiga por ejemplo una posible conexión entre el coronel Tapia y el excomandante de la Policía Óscar Nina, quien está preso también con acusaciones de enriquecimiento ilícito y vínculos con el narcotráfico.
En la presentación del informe sobre la erradicación de cultivos excedentarios de hoja de coca, realizada ayer en Chimoré, el presidente Morales fue más lejos en referencia a este caso: “En vez que la Justicia acompañe a esta lucha contra el narcotráfico, más bien algunos miembros de la Justicia, algunos jueces, (parecen) aliados o socios de los delincuentes, de los narcotraficantes”, señaló. Y tras asegurar que “pese a esas dificultades, vamos bien”, anunció un “debate profundo” sobre el tema.
El caso de la jueza y el coronel repone en agenda dos asignaturas pendientes de la democracia boliviana y del actual proceso de refundación estatal. La primera es la corroída administración de justicia, sobre la cual hay coincidencia plena en que su situación de crisis terminal es insostenible. La segunda asignatura irresuelta es la reforma de la Policía Boliviana, que todavía no llega pese a voluntades y reiterados anuncios. A ello se añade la también pendiente renovación del Ministerio Público.
