A un decenio del triunfo electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS), una constatación preliminar es que las expectativas eran mayores a los logros alcanzados. En otras palabras, las esperanzas eran mucho más grandes que las realizaciones plasmadas hasta ahora en la realidad. Esto no significa, sin embargo, que el resultado sea igual a cero. Hay transformaciones positivas remarcables en los planos económico y político.
Recuperado el control sobre la producción de los hidrocarburos, el país percibió un volumen extraordinario de recursos, provenientes no solo de la elevación coyuntural de los precios en el mercado internacional, sino de la modificación sustancial de las reglas de juego. Las transnacionales, les guste o no, tuvieron que adaptarse a los nuevos términos. La nacionalización de los hidrocarburos y las nacionalizaciones de la electricidad, las fundiciones, las telecomunicaciones y la reactivación del sector minero estatal han devuelto al Estado un rol estratégico en la economía. Esto, junto al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, arrojan un saldo claramente favorable.
Y en plano político el logro mayor es, sin duda, la nueva Constitución Política del Estado, vigente desde 2009, y que debió ser el puntal de la nueva institucionalidad plurinacional. Pese a los agudos conflictos desatados y a no pocos desaciertos oficialistas en el curso de su elaboración, el resultado fue un nuevo marco legal y una nueva situación política de gran legitimidad y estabilidad democrática para la continuidad de las transformaciones. La oposición sediciosa, violenta y hasta separatista quedó derrotada y en desbande. A ello hay que añadir una política internacional independiente y soberana, de impulso a la integración latinoamericana y de acciones exitosas en pro de la reivindicación marítima.
Hasta aquí todo bien, ¡felicidades! Pero los déficits, incoherencias y errores no son pocos ni de menor calibre. Sin negar los avances en ciertos rubros, sigue vigente en lo fundamental el modelo “extractivista” exportador de materias primas.
Pareciera que en función de nuevas alianzas políticas las reformas de sentido patriótico y redistributivo (que no socialistas) llegaron a su fin. No se habla más de “profundizar” el proceso, y se dejó intocados poderosos intereses en el sector minero y bancario, además de alentar los agronegocios de exportación a límites que vulneran y contradicen el liderazgo que Bolivia había adquirido en la protección a la Madre Tierra; políticas que tampoco aseguran la soberanía alimentaria (comer lo que producimos).
Hay gruesas deficiencias en salud, Justicia y Policía. Problemas que no se han solucionado y más bien han tendido a agravarse. En algunos casos los remedios ensayados resultaron peores que la enfermedad. Estos temas no figuran en la agenda actual de las preocupaciones oficiales (por ejemplo, las “cumbres” de la salud y de la justicia que supuestamente los abordarían con amplia participación quedaron en el papel).
No se ha cumplido la promesa de cero tolerancia a la corrupción. El caso del Fondo Indígena es una demostración concluyente. Tampoco el frenético hacer “obras” estuvo libre de corruptelas, despilfarros e improvisaciones.
El hilo conductor de la mayoría de estas situaciones negativas es que todo el aparato gubernamental ha estado subordinado invariablemente a una campaña electoral, sostenida, permanente, indefinida y estridente. Machacar con propaganda hasta provocar rechazo y, de paso, hostigar a medios y a periodistas, es la peor de las estrategias. No tengo dudas.
