Durante todo este 2015 que ya se despide, la ciudadanía fue testigo de la apropiación irregular de decenas de predios urbanos a lo largo y ancho de las ciudades de nuestro país. Y debido al incremento demográfico y a la urbanización creciente de nuestra sociedad, los espacios conurbados se han convertido en caldo de cultivo para esta enfermedad social.
En la sede de gobierno, se encuentran en riesgo cientos de terrenos pertenecientes a personas particulares, pero también al Estado, representado por la municipalidad, muchos de los cuales forman parte de las pocas áreas verdes con las que cuenta la ciudad de La Paz. De hecho, por este afán de enriquecimiento, incontables árboles ya se han perdido en Mallasa, Pura Pura, Bolognia y otros barrios paceños. Y como es bien sabido, los loteamientos, como casi toda acción ilícita, usualmente son acompañados de enfrentamientos entre usurpadores y defensores de la propiedad privada o del patrimonio público, que lamentablemente se saldan con decenas de heridos y en más de una ocasión con personas fallecidas.
Además, este problema se agudiza en la ciudad de La Paz por el hecho de que persisten conflictos limítrofes con los municipios vecinos. Por caso, hemos sido testigos de cómo algunos individuos, persiguiendo ambiciosamente el lucro privado, hicieron aprobar la planimetría de sus inmuebles y/o locales en los municipios vecinos, con el fin de burlar las normas del municipio paceño. Y en no pocas ocasiones se han encontrado indicios de colusión de intereses entre loteadores y autoridades de los municipios vecinos, quienes fraguan documentos, con el potencial riesgo de desmoronar lo que se ha avanzado en desarrollo urbano. Esta ilegal actividad ha llegado incluso a la Asamblea Plurinacional, de donde se ha suspendido al diputado oficialista Rubén Chambi, sobre quien pesa un sinnúmero de denuncias por la venta irregular de predios en El Alto y el uso indebido de influencias.
Adicionalmente, el problema de los loteamientos se exacerba en un país que crece en población, en niveles de urbanización y en renta per cápita. Todos estos factores, aunados al insoslayable hecho de que el territorio tiene un límite físico, han modificado drásticamente las condiciones de rentabilidad de los espacios periurbanos. Hoy en día puede ser más lucrativo ser propietario de predios en los espacios de expansión urbana que mantener las actividades agrícolas tradicionales. Y de momento no existe ninguna compensación económica para esta tendencia.
Y como en muchos otros conflictos que devienen por un débil o inexistente marco institucional, es imposible resolver el problema de los loteamientos con inyecciones masivas de infraestructura. Se requiere con urgencia una política seria de organización territorial en todos los niveles, y se requiere que el Estado tenga la fuerza suficiente para hacer cumplir la ley.
