Después de siete años, la cotización del petróleo alcanzó su nivel más bajo y llegó a los “preocupantes” $us 29,42 por barril, con una tendencia que no se revertiría en los próximos meses, fenómeno explicado por el exceso de oferta de crudo de los países productores tradicionales, la entrada de Irán como proveedor adicional y la contracción de la demanda China.
Como bien se sabe, la contracción del precio afecta negativamente a los ingresos nacionales generados por la venta del gas natural a Brasil y Argentina, cuyo precio se encuentra indexado al valor del petróleo en los mercados internacionales. Ante este panorama, resulta inquietante conocer los posibles efectos presupuestarios, y por ende, económicos en el Presupuesto General del Estado, que para 2016 propone una proyección promedio de $us 45 por barril.
En efecto, si se tiene una calculadora a la mano será posible determinar a priori que los ingresos por renta petrolera se situarían en torno al 65% de lo estipulado en la Ley Financial, y con ello aproximadamente $us 3.000 millones dejarán de ser percibidos por el Tesoro General, debilitando significativamente las arcas del Estado.
Esta situación de casi emergencia ha ameritado que incluso el Presidente del Estado reaccione ante esta volátil coyuntura convocando a organismos multilaterales amigos como la CEPAL, el BID y CAF para que se plieguen junto a las instancias económicas del Ejecutivo en la elaboración de una propuesta que amortigüe los impactos que va a generar la caída del precio del crudo en la economía nacional.
La labor de contención de este embate, ojalá no estructural, requiere de acciones que están orientadas a identificar fuentes adicionales de ingreso y/o la reducción de partidas de gasto que en papel resultan obvias, pero que en la realidad podrían afectar a la población en su conjunto. Esperemos que no.
Desde la perspectiva de los ingresos, hasta ahora las medidas de eficiencia en la recaudación tributaria y aduanera han sido del orden administrativo y procedimental, que en los hechos ha significado aumentar los impuestos cobrados sin elevar o crear tributos, aspecto que es loable desde la perspectiva de gestión. Sin embargo, aún queda pendiente incorporar a esa gran masa informal que evade y se beneficia de las recaudaciones fiscales sin aportar lo que corresponde.
Previsiblemente más difícil será reducir los gastos si la situación así lo amerita, porque en este caso los recortes incluso podrían afectar las políticas redistributivas del Gobierno o los planes de inversión pública comprometidos. Lo cierto es que no existen recetas mágicas, y ante la inminente y persistente caída de las cotizaciones petroleras, es hora de hacer verdadera economía, o sea, administrar los recursos escasos de manera eficiente y eficaz.
